El fiscal pide a la jueza que condene a Baltar y a su política «perversa»

Los 104 supuestos enchufes costaron 696.666,58 euros a la Diputación


Ourense

La asunción de responsabilidades que José Luis Baltar escenificó el miércoles fue un espejismo, una simple declaración ante los medios de comunicación. «Nunca dije que no contrataba yo ni le eché la culpa a nadie», dijo entonces, contradiciendo así la estrategia de defensa de su abogado hasta ese momento. Acusado de prevaricación por enchufar a 104 personas en la Diputación ourensana en el año 2010, ayer era el último día del juicio y tanto él como su letrado insistieron en señalar a dos funcionarios: al secretario, Francisco Cacharro pero, sobre todo, al jefe de personal, José Luis Suárez. El fiscal, Florentino Delgado, cree por el contrario que José Luis Baltar es el único culpable y que fue él quien ordenó a los técnicos que se saltaran todos los procedimientos de selección establecidos «para contratar a unas personas concretas y no a otras».

En su alegato final, Delgado pidió una condena ejemplar, «una llamada a navegantes», dijo. A su juicio, «junto con el presidente de la Diputación se sientan en el banquillo una manera de hacer las cosas, una idea de lo que es la administración pública, el servicio a los ciudadanos». El fiscal repitió en varias ocasiones la palabra «perversión» para definir las contrataciones de la institución ourensana y calificó de «personalista» la gestión de José Luis Baltar. Su forma de actuar es aquella, según dijo, en la que «uno piensa que es más que el ordenamiento». Delgado admitió que estos hechos «vienen de atrás», pero dijo que son especialmente graves en la actual crisis económica: «Estamos intentando quitarnos una rémora en la forma de entender la política».

Precisamente, José Arcos, abogado del PSOE (una de las acusaciones populares) pidió que Baltar «abone el precio de sus caprichos», es decir, que pague una multa de 696.666,58 euros en concepto de responsabilidad civil. Ese es el coste que, según certificó la actual interventora, tuvieron los 104 supuestos enchufes para las arcas de la Diputación ourensana. El fiscal no se sumó a esa petición al considerar que, aunque esas contrataciones causaron perjuicio al erario público, los trabajadores realizaron las funciones que se les encomendaron, circunstancia que impide también acusar a Baltar de malversación de fondos.

Tampoco se unió a la solicitud socialista el sindicato Manos Limpias, que algunos vinculan con la ultraderecha y que ejerce la otra acusación popular personada en el caso. Su abogado, Ángel Francisco Gómez, dijo en su alegato que los recursos que manejaba Baltar «no son suyos, son de España». Además, apuntó que «se inventó un nuevo procedimiento de contratación, la contratación directa».

Gómez concluyó diciendo que a Manos Limpias «no le interesa el móvil, solo le interesa el acto prevaricador», es decir, que no les importa quiénes fueron contratados y por qué, pero sí el cómo. Muy diferente es la posición del PSOE, cuyo abogado, José Arcos, centró buena parte de su intervención en relacionar los 104 supuestos enchufes con el congreso que, en esas mismas fechas, celebró el PP. Según su teoría, José Luis Baltar utilizó los empleos públicos para ganar apoyos para la candidatura de su hijo, que terminó imponiéndose en ese cónclave. Ese fue el primer paso de una sucesión que culminó con el relevo también en la Diputación.

Frente a las acusaciones del PSOE, el abogado defensor de Baltar, Luis Romero, negó la existencia de una «orquesta destinada a que su propio hijo fuese o no el presidente» y aludió a un informe del gerente del PP que asegura que solo 15 de los 104 contratados fueron compromisarios en aquel congreso. Respecto a las contrataciones, Romero culpó de las irregularidades a los técnicos y dijo que el expresidente se limitó a atender las peticiones de jefes de servicio y alcaldes. «Se vio obligado a responder a todos esos deseos inaplazables», dijo el abogado, que insistió en que Baltar actuó movido únicamente por el «interés general».

Después de escuchar a las partes, el juicio quedó visto para sentencia. Ahora la jueza debe decidir si lo condena o no. En caso afirmativo, se expone a la inhabilitación para cargo público durante un máximo de diez años. Esa es la petición del fiscal y el PSOE, mientras que Manos Limpias solicita nueve y medio. En todo caso, no tendrá consecuencias para Baltar, retirado de la política desde el año 2012. A su salida del Pazo de Xustiza ourensano, el expresidente insistió ante los medios en su inocencia, volvió a señalar a los técnicos y lamentó que le carguen a él «o mochuelo». Preguntado por el escaso interés que ha mostrado el PPdeG por su situación, dio a entender que el distanciamiento es mutuo: «Desde que me din de baixa non volvín ter contacto con ninguén do partido. Eu estou fora e non preciso de ninguén que me dea apoio».

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