Muestra su apoyo al juez, que impuso 3.000 euros en el caso de las asistencias
11 jun 2014 . Actualizado a las 07:20 h.El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández Gallego, cree que el juez que instruye el caso de las asistencias técnicas, iniciado por una denuncia de los sindicatos USO y CIG, debe mantener la exigencia de fianza para que estas organizaciones se personen en la causa y ejerzan la acusación. USO ha pedido que se le exima del pago de 3.000 euros. El letrado del regidor pide al juez, sin embargo, que mantenga su criterio, sin dejar de llamar la atención sobre el hecho de que esta denuncia naciera del «enfrentamiento personal» del denunciante y asesor jurídico del Concello, Javier García Gago, frente a la junta de gobierno local, por su petición de compatibilidad laboral.
Con la denuncia, el referido García Gago «pretende preconstituir causa de recusación para apartar del órgano de decisión acerca de tal compatibilidad a los concejales que no muestran conformidad con su reconocimiento al denunciante».
Iniciado el caso por una denuncia de USO y CIG en la que señalaban a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto; la directora xeral de personal, Carmen Rodríguez Dacosta; el alcalde Agustín Fernández y su antecesor, Francisco Rodríguez, todos del PSOE y del sector opuesto al grupo de ediles pachistas, las primeras declaraciones han dado lugar a que el juez llame como imputados a los nacionalistas Andrés García Mata y Iolanda Pérez, en su condición de ex-concejales responsables de rehabilitación durante el bipartito PSOE-BNG.
Publicidad negativa o daño
Subraya el letrado del alcalde que ya el juez había valorado, para poner la fianza, el carácter público de los denunciados; el daño que se puede ocasionar y la finalidad de evitar una intervención con fines espurios u orientada simplemente a perjudicar a los imputados o generar una publicidad negativa hacia ellos.
En el mismo escrito se advierte que el denunciante fue jefe de recursos humanos en una etapa en la que se hacían las contrataciones de asistencias técnicas externas ahora discutidas, sin que informara en sentido negativo. Se ve «apropiado», por todo ello, que la fianza sea de 3.000 euros.