Exigen una indemnización a Baltar por la adjudicación «ilegal» de la escuela

Cuando José Manuel Baltar decidió privatizar la gestión de la Escola de Equitación de Vilamarín, pretendía liberar a la Diputación ourensana de los costes que suponía esa competencia, «impropia» de una institución provincial, según asegura su presidente. Sin embargo, la adjudicación de ese servicio está generando notables quebraderos de cabeza a la entidad. Baltar anuló el contrato a la primera adjudicataria y se lo entregó a otra empresa, pero antes de que se pudiera hacer cargo de las instalaciones corrigió su decisión y dejó el centro en manos de la primera contratista. La segunda, pese a que no llegó a comenzar a trabajar en Vilamarín, ha anunciado que exigirá una indemnización.

Se trata de la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Juan José Casadevall Álvarez y Roberto Turnes Rey. La Diputación confiaba en que esa compañía no reclamase nada a la institución porque el contrato no habría llegado a generarles coste alguno. De hecho, la entidad provincial envió un escrito a esa UTE ofreciéndole la posibilidad de renunciar voluntariamente a la adjudicación, pero no ha sido así. Juan José Casadevall y Roberto Turnes consideran que la escuela debe ser para ellos. «Manifestan que en caso de non formalizarse o contrato, se lles terá que indemnizar non só os gastos ocasionados pola participación no contrato senón tamén polos danos e perdas que a falta de formalización ocasione, que ao seu xuízo, inclúen o lucro cesante de dito contrato», dice un informe del secretario sobre este asunto. En él también se advierte que la UTE acusa a la entidad de querer «beneficiar» a la primera adjudicataria, que incumplió sus promesas de construir una clínica veterinaria, dicen.

El informe del funcionario es el que utilizará hoy como base José Manuel Baltar para aprobar en junta de gobierno el inicio de un expediente de revisión de oficio de la adjudicación a la citada UTE, declarada ilegal hace semanas por el secretario.

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