La empresa exculpa a Baltar y señala exclusivamente a tres funcionarios
21 abr 2014 . Actualizado a las 07:10 h.La polémica originada por la privatización de la Escola de Equitación de la Diputación en Vilamarín llegará al Juzgado. Así lo ha anunciado Equus-Ourense, la empresa que gestiona las instalaciones, a raíz de la decisión del presidente provincial de anular la adjudicación. La compañía exculpa a José Manuel Baltar porque ya ha rectificado esa medida y porque, según creen, actuó movido por las indicaciones de tres funcionarios. Ellos son a quienes la empresa piensa pedir daños y perjuicios por lo ocurrido.
C. González, representante de Equus-Ourense, señala a dos técnicos de alto rango en el servicio de Medio Rural de la institución (Manuel A. Rodríguez y Gumersindo González) así como a Javier Martínez de Anta, jefe del servicio de Inversiones, Subvenciones y Patrimonio. «Actuaron como trileros», asegura el portavoz de Equus-Ourense, que cree ver «oscuros intereses» de los funcionarios en perjudicar a la empresa puesto que habrían preferido que la escuela estuviera en manos de otro de los aspirantes que se presentaron al concurso público convocado en el año 2012 para adjudicar las instalaciones.
Para hacer esa acusación, González se basa en la supuesta falta de interés de los técnicos por resolver las deficiencias encontradas cuando entraron en las instalaciones. Un muro corría peligro de caer y la empresa tuvo que pagar sobrecostes en la factura eléctrica porque, según aseguran, al contador está enganchado también parte del alumbrado público de Vilamarín y otras dotaciones públicas. Ese es el motivo de los impagos de Equus-Ourense a la Diputación, dice González, que asegura que la clínica prometida en el proyecto y no ejecutada -argumento usado por Baltar para anular el contrato- será construida, pero no a corto plazo.
El abogado Alfonso Grande (curiosamente, exdiputado provincial del BNG) ya está preparando la denuncia de Equus.