La propuesta de apartar a los imputados provoca división en el partido
03 abr 2014 . Actualizado a las 07:20 h.Sin pretenderlo, al menos aparentemente, José Manuel Baltar ha conseguido abrir un nuevo foco de conflicto en el PSOE ourensano. El grupo socialista de la Diputación propuso allí que los imputados fuesen apartados de las responsabilidades de gobierno de forma cautelar hasta que no se resolvieran sus procesos judiciales. Trasladar esa propuesta al Concello de Ourense pondría en solfa al gobierno, ya que tanto el alcalde, Agustín Fernández, como dos tenientes de alcalde (Marga Martín y Áurea Soto), están también imputados. No es de extrañar, pues, que la iniciativa del PSOE en la Diputación haya generado debate entre los socialistas, que se dividen entre quienes apuestan por medidas ejemplarizantes y quienes defienden ante todo la presunción de inocencia.
En contra del castigo a los imputados se situaron ayer varios de los afectados. El regidor consideró adecuada la política del PSdeG en estos casos, es decir, que le parece bien exigir la dimisión solo cuando se aplican medidas cautelares o cuando el imputado se convierte en procesado: «Mentres non se abra xuízo oral, ningún compañeiro debe dimitir salvo que o decida el persoalmente». Áurea Soto, que ayer estaba citada para declarar por una de las cinco querellas en las que figura como imputada, dijo que «el sistema judicial no debe de tocar la administración y la política más que cuando haya una condena». Apartar a los imputados, añadió, pondría en peligro la democracia: «Solo con que cualquier persona con dinero pueda presentar un querella suficientemente adornada, preparada por abogados a los que se paga suficiente, para apartar a políticos, ¿vamos a cerrar el Estado de Derecho y a marcharnos?».
Los miembros más afines a la dirección provincial evitan pedir explícitamente que los socialistas imputados sean retirados de responsabilidades de gobierno, pero sí respaldaron la propuesta del portavoz en la Diputación, Ignacio Gómez. Este ya ha explicado que «calquera persoa que estea inmersa nun proceso xudicial, ou que teña problemas coa Xustiza, cando menos ten que ser apartada cautelarmente dos órganos de goberno». Entre los apoyos que ha recibido está el de la diputada nacional, Laura Seara, que dijo compartir la propuesta porque sería «unha medida cautelar interna mentres non se solventan esas imputacións». En este sentido, apuntó que «se iso sirve para darlle máis credibilidade á cidadanía, benvido sexa».
Más reticentes, aún admitiendo la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos, son alcaldes como el de Piñor, Francisco Fraga, que dice estar satisfecho con los límites del PSdeG. En este sentido, el regidor de O Barco, Alfredo García, apostó por un acuerdo entre los líderes nacionales de los partidos para establecer una «raya» a partir de la cual tomar sanciones contra los políticos inmersos en procesos judiciales: «Esto no se resuelve a nivel local».
análisis político
«Mentres non se abra xuízo oral, ningún compañeiro debe dimitir salvo que o decida el»
Agustín Fernández
«Se isto serve para darlle máis credibilidade á cidadanía, benvido sexa»
Laura Seara
«El sistema judicial no debe tocar la política más que cuando haya una condena»
Áurea Soto
«Esto no se resuelve a nivel local. Los líderes nacionales son los que tienen que poner la raya»
Alfredo García
«Calquera persoa que teña problemas coa Xustiza ten que ser apartada cautelarmente»
Ignacio Gómez
«Fago meu o que defende o meu partido a nivel galego e estatal, nada máis»
Francisco Fraga