Una denuncia en Vigo genera dudas sobre el contrato de mantenimiento
19 feb 2014 . Actualizado a las 07:30 h.La privatización del mantenimiento de las zonas verdes, que se inició en el año 2010 y se ejecutó durante el mandato de la anterior corporación local, de la mano del exconcejal socialista Demetrio Espinosa, no ha dejado de producir problemas y sinsabores a los gestores municipales. Aparte de las críticas meramente políticas. Antes con Acciona y ahora, ayer mismo, al constatar que el último concurso resuelto en Ourense es objeto de una investigación en un juzgado de Vigo por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
En febrero del 2010 encargó el gobierno municipal el mantenimiento de las zonas a las empresas Acciona y Cespa. Cada una se encargaba de una zona concreta de la ciudad. La valoración del trabajo de una y otra empresa fue diferente, por lo que, al cumplirse los dos años del contrato, el gobierno local decidió ampliar el tercer año a Cespa, al estimar los técnicos municipales que su trabajo era correcto. No ocurrió lo mismo con Acciona. No solo no se amplió el contrato, sino que se abrió un expediente de responsabilidad contractual, que generó una de las mayores polémicas del mandato de la actual corporación, al haber caducado. Y ello a pesar de que el interventor alertaba por escrito en diciembre del 2012 sobre el eventual perjuicio que supondría para las arcas municipales la caducidad de un expediente con un potencial de ingresos para las arcas públicas. De hecho, el expediente se reinició y acabó dando lugar a una sanción económica a Acciona por importe de 566.000 euros, que la empresa abonó con el fin de no tener deudas pendientes antes de obtener la adjudicación del proyecto de urbanización de los terrenos ocupados para sistema local y zonas verdes en el espacio delimitado por las calles Alejandro Pedrosa, Santa Teresita, río Xares, río Búbal y río Limia.
La forma en que se gestionó el expediente de Acciona y cómo llegó a caducar, coincidiendo con el período de transición entre la etapa de la nacionalista Marta Arribas a la socialista Susana Bayo, dio lugar a que se formara una comisión de investigación que cerró sus trabajos limitándose a advertir un indeterminado mal funcionamiento de la administración.
El PP había intentado que se señalaran responsabilidades políticas o administrativas, pero ninguno de los otros grupos se mostró dispuesto a seguir esa línea. En el acta se había hecho constar por parte del representante del PSOE que, de hacerlo como pedía el PP, daría lugar a expedientes disciplinarios.
La nueva concesión unificó la adjudicación en un único servicio a favor de Cespa.