La petición de compatibilidad de un funcionario evidencia las diferencias internas
14 dic 2013 . Actualizado a las 19:04 h.La corporación local de Ourense, con los votos del PP y Democracia Ourensana, aceptó en el pleno la recusación de un funcionario al alcalde, a quien atribuye enemistad manifiesta para que no intervenga en una petición de compatibilidad para la docencia. De ese modo, el regidor no pudo asistir al debate.
A la hora de votar la compatibilidad, cinco concejales del PSOE abandonaron el salón de plenos y dejaron en minoría a su propio grupo. Con cinco votos de concejales del PSOE, la ausencia de cinco y la abstención de los otros 16 concejales de Ourense, la compatibilidad quedó rechazada.
El funcionario, asesor jurídico adjunto, ha pedido permiso para poder ejercer como profesor asociado en la facultad de Derecho en Ourense. Los informes municipales rechazan tal posibilidad por exceder los máximos legales en su alto nivel de ingresos y por razones de horario.
El funcionario, Javier García Gago, que fue responsable de personal durante pasados gobiernos del PP y es ahora secretario de la sección sindical de la CIG, cree que se le rechaza la propuesta por su labor sindical.
La división interna en el grupo de gobierno del PSOE, por el apoyo del sector de Rodríguez Penín al funcionario a causa de su amistad personal, ha dado a este asunto un plus de incertidumbre a la espera de la decisión de los concejales socialistas, que, finalmente, evidenció la fractura interna.
El debate de este asunto fue aprovechado por el PP para llamar la atención sobre el hecho de que presida el pleno, en ausencia del alcalde, la concejala Marga Martín, implicada en el procedimiento judicial en el que se investiga su gestión en el caso de ayuda a domicilio. Rosendo Fernández insistió en decir que el pleno lo preside una concejala imputada, algo que técnicamente aún no se ha producido.
«Obligados a abstenerse»
Los concejales que abandonaron el pleno, Susana Bayo, Maria Devesa, Antonio Rodriguez Penín, Mónica Vázquez y Alfonso Vilachá, consideran que estaban obligados a abstenerse. Sustentan su decisión en el hecho de haber intervenido en el expediente del funcionario. Este grupo de concejales había firmado un escrito de apoyo al trabajo de Javier García Gago y en base a ello creen que estaban obligados a abstenerse. La concejala Mónica Vázquez añade que es procuradora y al ejercer como tal en los pleitos del funcionario, está obligada a abstenerse.
Lo que transmiten con esa decisión de irse y abstenerse es protegerse ante una posible judicialización del asunto por parte del funcionario afectado.