El alcalde de Barbadás asegura que pagó en efectivo 652.408 euros a un constructor juzgado por soborno

Miguel Ascón Belver
MIGUEL ASCÓN OURENSE / LA VOZ

OURENSE

El PSOE aporta nuevas sospechas de corrupción urbanística y amplía su denuncia contra Freire Couto, que declaró hoy ante la jueza

28 oct 2013 . Actualizado a las 17:49 h.

José Manuel Freire Couto, alcalde del PP en Barbadás, acudió hoy a declarar ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número tres de Ourense, que lleva la investigación de una denuncia presentada por el PSOE local, que acusa al regidor de varios casos de corrupción urbanística. Se investigan, entre otras cosas, los vínculos de Freire Couto con Ramón López Casal, un constructor compostelano que está pendiente de sentencia por las acusaciones de soborno a políticos que se dirigieron contra él en Valladolid. El alcalde de Barbadás admitió la compra de ocho pisos en Matosinhos (Portugal), una operación que la acusación relaciona con beneficios para las empresas de López Casal en los desarrollos urbanísticos del municipio ourensano. Freire Couto no pudo aclarar de donde salió el dinero que, en teoría, pagó por esas propiedades portuguesas y que asciende a 652.408 euros. Dijo no recordar si tenía depositada previamente esa suma en alguna entidad bancaria pero sí precisó que el pago se hizo en efectivo.

Precisamente, el PSOE amplió ayer su denuncia para incluir esas y otras supuestas contraprestaciones para López Casal y, de hecho, se solicita al Juzgado que se estudie la responsabilidad penal del constructor y de varios de sus subordinados así como de Antonio Currás, que fue concejal de Barbadás desde 1991 hasta el 2011 y que, según los socialistas, habría recibido un piso en la capital ourensana a cambio de beneficiar a López Casal.

Freire Couto negó que el Concello hubiese dado un trato de favor al promotor compostelano y aseguró que las modificaciones urbanísticas planteadas en el área de reparto 10 del PXOM local no incrementaron la edificabilidad y, por tanto, no supusieron su enriquecimiento. En este sentido, Manuel García (su número dos) y él mismo, que a través de su mujer tenía también propiedades allí, dijeron que votaron en un pleno esos cambios porque la secretaria municipal les dijo que ello no suponía problema alguno.

Tras analizar las declaraciones de ayer y la ampliación de la denuncia presentada por el PSOE, la jueza deberá estudiar si archiva, imputa o continúa investigando.