Absuelven al alcalde de Baltar de la acusación de coaccionar o amenazar a candidatos del PSOE

La jueza sentencia que no hay pruebas de que el regidor hubiese ejercido presiones para evitar la lista socialista en las últimas elecciones municipales


OURENSE

El alcalde del Concello de Baltar, José Antonio Feijoo (PP), ha sido absuelto de la acusación de haber cometido cuatro delitos de coacciones hacia candidatos de la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales y hacia la farmacéutica del pueblo. La sentencia lo absuelve también de los cuatro delitos de amenazas y uno de malversación de fondos públicos, que sostuvo la acusación particular.

La jueza Purificación González, que juzgó el caso en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, consideró que en la vista oral no se presentaron pruebas de cargo suficientes para acreditar que el alcalde del PP hubiese realizado tales coacciones. La juzgadora sostiene que «podrá reputarse desafortunado, poco estético o reprochable desde el punto de vista de la pluralidad democrática, el actuar del acusado pretendiendo con sus entrevistas una lista única en el Concello de Baltar pero en manera alguna subyace en él atisbo de acto coactivo alguno». Al final, dice, las denunciantes no modificaron su intención de presentarse, la lista socialista se confeccionó y se desarrolló el proceso electoral «con absoluta normalidad».

Cuatro denuncias

Respecto al caso de la farmacéutica Celsa C., la denuncia de esta consistió en que el alcalde la había llamado para interesarse por si su empleada iba en la lista del PSOE y que le había dicho que si así era la despidiera. También había relatado la farmacéutica que el regidor le si no lo hacía los votnates del PP dejarían de comprar en su farmacia y que se le podría realizar una inspección en el establecimiento. José Antonio Feijoo dijo en el juicio que nunca la amenazó ni con inspecciones ni otras presiones y que si fue a su farmacia fue porque Celsa lo invitó.

Sobre las supuestas coacciones o amenazas sobre la empleada, la jueza determina que tampoco hubo prueba, pues los testigos declararon que la entrevista entre ambos en la farmacia fue breve, nadie la escuchó salvo denunciante y denunciado, y después María del Carmen despachaba con normalidad.

Seguimientos no acreditados

En el caso de la enfermera Esperanza G. que dijo haber recibido una visita del alcalde en el centro de salud y que este la amenazó con hacer una auditoría porque no cumplía el horario. Afirmó que se sintió seguida cuando realizaba visitas a domicilios. Tales seguimientos, dice la juez, no fueron comprobados en la investigación policial y el hecbo de que el acusado y operarios municipales hubiesen sido vistos en los lugares en los que estaban las denunciantes «no es inaudito» porque el alcalde tiene una casa en Sampaio, lugar donde también se trabajaba en la reparación de una avería.

En cuanto a la denuncia presentada por otro candidato, Justiniano G., la juzgadora valora que este finalmente sí se presentó a las elecciones. La manifestación del alcalde de que prefería perder dinero al disgusto de saber que se presentaba y que Justiniano entendió como una oferta económica para que no se presentara, no quedó acreditada más allá de las versiones que ofrecieron acusado y denunciante en el acto del juicio oral.

Tampoco hubo amenazas

La calificación de delito de coacciones la sostuvo el Ministerio Fiscal, mientras que la acusación particular lo hizo como amenazas. La juez tampoco cree probado que hubiera amenazas en estos casos porque estas no fueron corroboradas por las pruebas testificales en el juicio. La supuesta llamada a una emisora de Verín para quejarse del horario del centro de salud no fue corroborada por el redactor que atendió el teléfono. La presunta amenaza a Justiniano de que no esperase nada del concello si se presentaba con el PSOE no la vio acreditada la jueza porque este candidato reside en Ourense y «mal podría esperar algo del Concello»

Debido a que no quedaron probados los seguimientos que describieron las denunciantes Esperanza y María del Carmen, la jueza determina que tampoco se probó el supuesto delito de malversación de caudales públicos por el uso de empleados o vehículos municipales para realizar el hostigamiento que denunciaron.

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