El juez ve estafa y malversación en la gestion de la ayuda a domicilio de Ourense entre 2007 y 2011
OURENSE
Señala a la concejala socialista Marga Martín, a los exsocios de la adjudicataria y a funcionarios municipales
09 oct 2013 . Actualizado a las 22:48 h.Estafa y malversación de caudales públicos son los dos delitos que aprecia el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, según un auto en el que formalmente deniega la petición de sobreseimiento planteada por dos de las funcionarias imputadas.
El magistrado, al acotar las presuntas responsabilidades y sin dejar de hacer notar que no se trata de un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, por lo que todo es aún susceptible de cambios, decide citar también como imputado a un exjefe de servicio del Concello de Ourense, Juan José Monedero, que había sido delegado de Sanidade durante el bipartito gallego presidido por Emilio Pérez Touriño y actualmente está fuera de Ourense. En la parte dispositiva señala, reclama documentos y señala fecha para varias actuaciones, entre las que se cuenta un careo entre la concejala socialista Marga Martín y una funcionaria, y la apertura de los correos electrónicos en los ordenadores de la teniente de alcalde y los dos empresarios y exsocios de la adjudicataria de este servicio entre 2007 y 2011.
El juez, en un escrito de 38 folios, se remonta al momento en que se produjo la adjudicación y destaca cómo Troncoso Saludges UTE (unión temporal de empresas) obtuvo la contrata al haber ofertado una serie de mejoras que nunca puso en funcionamiento. «No nos encontramos ante un mero incumplimiento contractual, sino con una voluntad de no cumplir el contenido de la propuesta presentada al concurso público en un elemento que fue sustancial para que le fuese adjudicado el contrato». Como posibles responsables de este delito señala el juez Piña a los gerentes de la UTE y exsocios, actualmente enfrentados, el economista Alberto López y el exdelegado de Sanidade con el PP, José Fermín Troncoso.
Sobre el delito de malversación de caudales, cree el juez que ni los funcionarios municipales implicados ni la concejala Marga Martín, de quien resalta que goza de dedicación exclusiva para el desempeño de sus funciones, se «exigió en ningún momento la creación y puesta en funcionamiento del servicio médico-social que integraba el contenido del contrato». La omisión en el cumplimiento de las funciones, añade el magistrado, «permitió un notorio enriquecimiento por la empresa que se benefició de los costes salariales y de Seguridad Social que hubiera supuesto la contratación de los cinco profesionales que debían integrar el servicio». Para el Concello supuso, al mismo tiempo, «el quebranto patrimonial derivado del pago del sobreprecio y, desde luego, a los usuarios del servicio se les privó de una mejora en la prestación del servicio a la que tenían pleno derecho». En la comisión de este delito ve el juez indicios de responsabilidad en la concejala y teniente de alcalde Marga Martín, y en otras cuatro personas, funcionarios municipales con puestos de responsabilidad. A las tres funcionarias que ya han declarado como imputadas suma el cuarto, cuya citación ha ordenado el juez en la resolución notificada hoy.
El auto judicial apunta a la existencia de irregularidades en los pagos, en los gastos de desplazamiento y en las facturas de regularización. Advierte el magistrado «una concertación» para la emisión de las facturas de regularización correspondientes a los años 2007 y 2008 entre los titulares de la UTE y la concejala, «siendo todos ellos conscientes de que la factura a emitir lo era de puro compromiso y por tanto no se adecuaba a la realidad». Ve, igualmente, un «artificio contable» durante el año 2008, aludiendo expresamente a una «doble facturación». Las facturas, añade el auto, no se corresponden a servicios. El sentido de las facturas, según entiende el juez, era acomodar los pagos y agotar el presupuesto de la partida. En total, estas notas suman 335.000 euros.
En todo este asunto, el magistrado también hace referencia a un delito de tráfico de influencias, aunque no llega a concretarlo.
La denuncia por las presuntas irregularidades en la gestión del servicio municipal de ayuda a domicilio de Ourense las planteó en el juzgado el grupo municipal minoritario, Democracia Ourensana. Las diferencias entre los socios de la anterior concesionaria, con el despido de una de las administrativas de confianza de uno de ellos, hicieron afloran las presuntas irregularidades y facilitaron la difusión de correos entre la concejala y los ex-socios, que el juez ve como indicios. La distancia entre los dos empresarios se materializó al concurrir enfrentados con dos ofertas diferentes a finales del año 2011. El concurso lo ganó entonces la oferta gestionada por Alberto López, que acudió asociado con FCC. El pasado verano, los actuales adjudicatarios pidieron la rescisición del contrato alegando pérdidas, por el descenso en el número de usuarios.