La ley de medidas para la flexibilización y el fomento del alquiler de viviendas puesta en marcha por el Gobierno central esconde la supresión de las prórrogas de los subsidios para pagar los préstamos hipotecarios contratados para viviendas de protección oficial. Alertó de ello ayer en rueda de prensa la diputada ourensana del PSOE Laura Seara, que explicó que hay 6.470 afectados en Galicia, de los que 426 son familias de la provincia que dejarán de recibir ayudas para pagar sus hogares. Esos datos, dice la parlamentaria socialista, también evidencian «o pírrico número de vivenda pública na provincia ourensá».
«Moita xente que acudiu a unha vivenda de protección oficial subsidiada, vai a ter que pagar entre 200 e 400 euros máis ao mes o outras que tiñan concedidas esas axudas xa non as van recibir e poden perder a casa que tiñan concedida, dado que a lei establece un prazo de dous meses para formalizar a hipoteca da vivenda que tiñan concedida e a maior parte dos beneficiarios non van a poder facelo», apuntó la diputada, que anunció la presentación de una proposición no de ley para tratar de forzar al Gobierno a que reconsidere esta medida.
Laura Seara compareció ante la prensa en Ourense acompañada de Aitor Bouza, secretario general de las Xuventudes Socialistas de Galicia, porque otra medida incluida en la citada ley también afecta a los jóvenes. La nueva normativa elimina la renta básica de emancipación, según aseguraron. Esa decisión afectará a numerosos ourensanos. Desde el año 2008 se habían beneficiado de esa ayuda 3.345 jóvenes de la provincia.