Recurren el concurso de gestión integral del nuevo hospital

Las asociaciones de empresas de limpieza creen que vulnera la ley


ourense / la voz

La federación de asociaciones de limpiezas de España (Afelin) y la asociación de empresarios del sector de la provincia de Pontevedra han presentado sendos recursos contra el pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación del servicio de gestión integral de espacios del CHUO. Entienden que resulta discriminatorio contra las pequeñas y medianas empresas y supone una limitación a la competencia. No descartan, incluso, abrir un contencioso.

La presentación de ambos recursos ha sido confirmada por el presidente de la patronal pontevedresa de limpieza, Miguel Ángel Vila, que defiende la convocatoria de concursos por lotes para que las cantidades económicas sean más asumibles para los empresarios gallegos. En su opinión, un concurso por importe de 150 millones de euros sería inaccesible aunque se uniesen todas las empresas del sector ubicadas en la provincia de Pontevedra.

El recurso presentado, igual para ambos colectivos empresariales, tendrá que ser resuelto por la misma mesa de contratación. El pliego de condiciones administrativas particulares, se aduce, establece un importe demasiado elevado (150 millones de euros) y un único operador para servicios y suministros dispares (seguridad, limpieza, mantenimiento, suministro energético) lo que, afirman, restringe, obstaculiza y falsea la competencia, vulnerando la ley de contratos del sector público que está vigente en la actualidad.

Escasos candidatos

Uno de los argumentos en los que se basa el recurso es que un contrato mixto como el que se establece en el pliego de cláusulas no puede incluir financiación de obra como el que también se establece, por importe de 14 millones de euros, correspondiente a otro expediente de contratación. En opinión de los recurrentes, el pliego favorece a un número reducidísimo de empresas, que fija entre 5 y 7 en toda España. Además, que la duración del contrato sea de 10 años incumple la ley de contratos del sector público.

Otras cuestiones que motivan el recurso son la integración de prestaciones de servicios y suministros que no tienen vínculos y la falta de información sobre los costes de personal a pesar de que se indica en el pliego que el contratista asumirá su gestión y coste.

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