El alcalde de Ourense ve «inasumible» aprovechar el trazado actual
01 mar 2013 . Actualizado a las 07:30 h.Según avanza el calendario sin noticias de Fomento sobre la integración urbana del AVE en Ourense, mayores son las dudas sobre la solución que se adoptará para ese trazado. Sobre la mesa existe un proyecto que está en fase de redacción y que consiste en diseñar una variante exterior entre Taboadela y Ourense, que atravesaría el río Miño por Oira. Esa es la opción demandada por políticos y colectivos empresariales y sociales ourensanos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha vuelto a tomar fuerza la posibilidad de recuperar el denominado tramo da vergoña. Esa alternativa supondría aprovechar la actual línea férrea para incorporar al AVE en un trazado sinuoso por plena trama urbana.
La demanda para que eso no suceda realizada el miércoles por la patronal ourensana y gallega fue secundada ayer por fuerzas políticas e instituciones ourensanas, con Concello y Diputación al frente. El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, calificó de «inasumible» recuperar la variante interior de la alta velocidad. «Sería un insulto para a cidade de Ourense», indicó el regidor socialista. Considera que la demanda de un trazado exterior no es ningún «privilexio» para Ourense, ya que estaba comprometido antes de que se agudizara la crisis económica: «Pedimos o mesmo que para o resto da liña desde Madrid, xa que o tren ven por unha liña nova. Por iso non é admisible que na entrada a cidade se aproveite o vello trazado».
En defensa del recorrido exterior también salió el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, En declaraciones a la Cope indicó: «Es la única alternativa posible». Además, el presidente provincial aseveró que desde su partido tienen la labor de «exigir que se haga como debe hacerse».
Silencio en Fomento
Ante la incertidumbre creada por la falta de noticias sobre la integración del AVE en Ourense, Fomento guarda silencio y esconde sus cartas. Celso Delgado, diputado del PP en el Congreso, reconoce que el proyecto se encuentra en fase de estudio y que la decisión definitiva todavía no está tomada. El sobrecoste económico -unos 200 millones- está detrás de este posible replanteamiento.