Solo la acusación particular mantuvo el cargo por prevaricación administrativa
13 dic 2012 . Actualizado a las 07:15 h.La aprobación de los presupuestos del año 2009 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Calvos de Randín llevó ayer al banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense al alcalde Aquilino Valencia (PSOE) y a tres de sus concejales, Cesáreo González, Hortensio Quintairos y José Luis Fernández, a raíz de una querella presentada por el ex edil socialista y hoy en las filas del PP, José Manuel Andrade.
Estaban acusados de una presunta prevaricación administrativa al haber aprobado los presupuestos municipales en la junta de gobierno cuando es una competencia indelegable del pleno. La Fiscalía solicitó la absolución de los cuatro acusados y solo la acusación particular mantuvo la tesis de que hubo algo ilegal en la actuación de los ediles, pidiendo para todos ellos la pena de inhabilitación para cargo público durante nueve años.
El abogado defensor expuso en sus cuestiones previas que consideraba que este proceso vulneraba la tutela judicial efectiva de sus representados. Consideró además que no se debería considerar acusación particular, sino popular -figura que exige la presentación de fianza- dado que el querellante era un edil de la oposición sin interés concreto en el objeto de la querella y dada la mala relación «obvia entre querellante y querellados, derivada de la moción de censura» que se vivió en el ayuntamiento en el 2008. La fiscal apoyó este argumento, pero la acusación particular se mantuvo en que el concejal estaba directamente perjudicado por este asunto ya que se le privó de su derecho al voto. La juez desestimó la anulación del proceso.
Declaraciones
El alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, fue el primero en declarar para explicar los trámites que siguieron para aprobar los presupuestos de 2009. Según el regidor, los presupuestos se llevaron a pleno en agosto de 2009 con una aprobación inicial pero no salieron adelante debido al voto en contra de la oposición. El viernes 18 de septiembre, con la secretaria municipal titular de vacaciones, se llevó el presupuesto de nuevo a pleno, pero según el edil, el grupo de los No Adscritos pidió más tiempo para examinarlos por lo que se convocó a la corporación para reanudar la sesión al lunes siguiente. Ese día, los concejales de la oposición alegaron que no estaban todos y que la cita era para una reunión. El alcalde celebró el pleno igual y los presupuestos se aprobaron inicialmente. Según el regidor, era urgente hacerlo para no perder unas subvenciones. Valencia señaló que no fue advertido de que no podía llevar este tema a la junta de gobierno, que aprobó definitivamente el presupuesto el 27 de octubre. Fue un mes después de la aprobación definitiva cuando el alcalde, según dijo, comprobó que había un informe de la secretaria titular advirtiendo de la incompetencia.
La secretaria, Marta Izquierdo, reconoció que tenía discusiones con el alcalde, pero asegura que informó a todos verbalmente de la ilegalidad. Y que le presentó una providencia con el informe al alcalde, aunque el documento carecía de la firma de este. La defensa insistió en que la secretaria hizo gestiones a espaldas de la alcaldía.
Los presupuestos fueron anulados por el TSXG en la vía contencioso administrativa.