El de Oímbra es uno de los dos únicos ayuntamientos de la provincia que a partir de mayo tendrán más concejales. El incremento del censo en ese municipio está, no obstante, bajo sospecha ya que los nuevos empadronamientos se concentraron en el último año sin causa aparente. La mayor parte de los nuevos vecinos son portugueses, como ocurrió en Calvos de Randín, cuyo engorde de censo también está bajo sospecha. La oposición de ambos municipios ha denunciado esta situación y sus portavoces aseguran que se trata de estrategias electorales de sus respectivos alcaldes. En algunos casos, acusan a los regidores de censar en sus municipios a familiares que están emigrados en otros países. Los empadronamientos, dicen, se hacen incluso en naves o galpones, ni siquiera en viviendas. La ley electoral ha endurecido las condiciones para evitar estos casos y los interesados aún pueden presentar las alegaciones que consideren oportunas contra el reparto de concejales hecho en función del censo por parte de la delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística.