Baltar asegura que no interfiere en la selección de personal de la Diputación ourensana


ourense/la voz.

Los tribunales calificadores de las oposiciones de la Diputación trabajan con total independencia política. Así lo asegura el presidente de la institución provincial, José Luis Baltar. Los examinadores puntúan a los aspirantes de las plazas a concurso en función de unas bases de selección sometidas a criterios objetivos y no para satisfacer las preferencias del máximo responsable de la entidad. «Eu non me paro a ver esas cousas. Nin esas nin outras», afirmó Baltar al ser preguntado ayer por el hecho de que dos hijos de cargos del Partido Popular en la provincia -el hijo del concejal ourensano Odilo Masid y el del alcalde de Padrenda Manuel Pérez- fuesen los que mejor nota obtuvieron en un examen convocado para cubrir tres plazas de auxiliar administrativo en la institución.

Estas explicaciones no satisfacen a la oposición porque, según dicen, los tribunales calificadores están politizados. Miembros destacados del Partido Popular suelen encargarse de valorar a los aspirantes de las plazas convocadas por la Diputación, que en muchos casos tienen también cargos en la formación política. De hecho, el tribunal que examinó a los hijos de Odilo Masid y de Manuel Pérez tiene como presidente a José Luis Suárez, que es hijo del alcalde de Monterrei y entre los vocales están además José Antonio Blanco Pérez, que es concejal del PP en Esgos, el municipio natal de Baltar, o Manuel Valentín Pérez Nieto, hijo del ex alcalde de San Amaro.

Para evitar suspicacias, los grupos políticos de la oposición han solicitado en reiteradas ocasiones que ellos puedan nombrar a parte de los miembros de los tribunales de calificación de las pruebas de acceso a la Diputación. Solo así, dicen, se garantizaría la transparencia de esos exámenes. En respuesta a esa exigencia el gobierno provincial ha reaccionado siempre pidiendo respeto para la honorabilidad de los examinadores que, como ayer insistió José Luis Baltar, desarrollarían su trabajo con independencia de intereses políticos.

La oposición no se lo cree y la composición de los tribunales calificadores es uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para explicar la existencia de irregularidades en las contrataciones de la Diputación ourensana. De hecho, los socialistas llevaron el caso a la Fiscalía, que abrió diligencias para aclarar si existe alguna actuación en este sentido que pudiese ser constitutiva de delito. Hasta ahora, que se sepa, el fiscal solo ha llamado a declarar al secretario provincial de los socialistas, Raúl Fernández. El PSOE aportó en su momento un listado con más de 300 personas que trabajan en la Diputación ourensana y que tienen relación directa o familiar con el Partido Popular. Los socialistas aseguran, además, que las contrataciones irregulares se intensificaron en los meses previos y posteriores al congreso provincial que el PP celebró en enero y que ganó el hijo de José Luis Baltar.

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