La Xunta tiene claro quién es el responsable de que se haya tenido que posponer el proceso de licitación de las obras del futuro equipamiento judicial de la capital, previsto en unos terrenos en los que también está proyectado el centro de salud de O Couto. El presidente del gobierno gallego, Alberto Núñez Feijoo, imputó al Concello de Ourense errores en los trámites de cesión de la parcela a la Administración gallega, de ahí que haya tenido que retrasar la tramitación.
Feijoo dijo «lamentar non poder adxudicar unha gran obra, a obra máis importante en infraestructura xudicial, como consecuencia de que o Concello de Ourense ten problemas na transferencia da parcela á Xunta de Galicia». La misma reflexión también le valió para responsabilizar al gobierno local de que no se puedan materializar de forma inmediata otros equipamientos, esta vez en materia sanitaria. El presidente gallego abogó por una correcta gestión y tramitación de los terrenos, «porque eses son os cumprimentos claros e os investimentos claros» que su gobierno dice poner sobre la mesa aunque, en este caso concreto, tendrán que posponerse.
Feijoo recordó que el consello de la Xunta había licitado en su reunión del jueves «a maior aposta pola atención primaria da sanidade pública en Ourense nos últimos anos». Se refería a la tramitación de los proyectos de cuatro nuevos centros sanitarios, dos de ellos en la ciudad (en los barrios de O Vinteún y A Valenzá), y los otros dos en Ribadavia e Pontedeva. Al tiempo que relataba las actuaciones inmediatas que en este campo abordará la Consellería de Sanidade, volvió a insistir que el gobierno local ourensano debería corregir los problemas detectados en la cesión de los terrenos.
Sentencia
La adjudicación del nuevo edificio judicial y el centro de salud de O Couto se ha visto truncada por una sentencia que obliga al Concello a revisar el proceso expropiatorio seguido para obtener los terrenos en los que se ha programado una inversión por parte de la Xunta de más de 22 millones de euros. El gobierno gallego decidió paralizar el proceso para evitar eventuales problemas futuros si se adjudicasen las obras mientras está un proceso judicial abierto sobre la titularidad de los solares a ocupar.
En todo caso, el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, confiaba en días pasados en que los trámites que debe hacer ahora el Concello para subsanar los errores en la comunicación a los propietarios se pueda solventar en un plazo que no mayor a los tres o cuatro meses. La Xunta, por su parte, ha decidido aplazar la inversión, que no suspenderla, como aclaró en días pasados. El regidor se mostró dispuesto a colaborar con el gobierno gallego para solventar los problemas detectados.