La Xunta investigó este año 115 faltas urbanísticas en Ourense


La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística fue creada en el año 2007 pero ha sido en este ejercicio en el que ha alcanzado su plenitud de acción. La provincia de Ourense es la que más municipios tiene adheridos a este organismo, adscrito orgánicamente a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Son 16 los concellos ourensanos que han transferido a los inspectores autonómicos la vigilancia de la legalidad urbanística. Considerados agentes de autoridad, estos funcionarios pueden entrar en cualquier parcela o construcción y su trabajo en Ourense ha derivado en la constatación de 115 infracciones urbanísticas de enero a octubre de este año.

En ese período de tiempo se han paralizado 25 obras en ejecución en suelo rústico sin autorización económica, prácticamente los mismos que en el resto de provincias gallegas. Además se han iniciado 27 expedientes de reposición a la legalidad, de los que se han finalizado 16. El incumplimiento de estos requerimientos es, por parte de los promotores de las obras ilícitas, muy habitual. Para forzar la demolición se imponen una primera multa por infracción urbanística -seis durante este año- y hasta el derribo se sanciona periódicamente al promotor con multas coercitivas.

Entre unas y otras, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística habría ingresado en lo que va de año 450.003 euros, muy lejos de los más de dos millones impuestos en Lugo y Pontevedra y del millón de A Coruña. Esta diferencia se explica en la aplicación también por parte de este organismo de la Ley de Costas. El dinero obtenido de las sanciones por la agencia se reparte al 50% entre esta entidad y el municipio concello adherido.

Ilícitos y municipios

Concretamente, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística vigila los municipios ourensanos de Amoeiro, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cortejada, Entrimo, Gomesende, Maside, O Barco de Valedoras, Parada de Sil, Petín, Piñor, Taboadela, Verín, Vilamarín y Vilardevós. Las acciones de reposición a la legalidad en estos ayuntamientos han tenido que ver con obras realizadas sin licencia en zonas verdes, espacios libros o dotaciones públicas, así como en suelo rústico sin la preceptiva autorización autonómica o incumpliendo sus condiciones.

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