Al ciudadano portugués que reclama a una empresa de Ourense responsabilidades, daños o perjuicios, por su intervención en la compraventa de un coche incautado por la Guardia Civil el pasado mes de junio, seguramente le duele la cabeza cada vez que pasa delante del cuartel del instituto armado en Verín. Evitará el trayecto, seguramente, pues de hacerlo, no podrá evitar ver que allí está «su» coche y que, a pesar de estar a su nombre y haberlo pagado, no puede utilizarlo.
El vehículo lleva dos meses estacionado en el recinto oficial. Está a disposición judicial, a expensas de que se resuelva el procedimiento judicial al que dio lugar una investigación de la Guardia Civil de Tráfico. Y mientras se completa la instrucción judicial del caso, sin que ninguna de las partes implicadas en el conflicto tenga ocasión de echarle mano, allí sigue el Bentley, sufriendo las inclemencias meteorológicas. Si los datos que maneja la Guardia Civil son buenos, el legítimo dueño del vehículo y su compañía de seguros están en el este europeo. Los intermediarios en la compraventa del vehículo en España se encuentran en Galicia y el comprador es un ciudadano portugués que culpa de la operación a una empresa radicada en Ourense.
Prueba de resistencia
Con todos esos flecos, la resolución no parece que vaya a producirse de forma inmediata. Seguramente tardará, mientras el coche se enfrenta a una nueva prueba de fiabilidad y resistencia. De momento, van dos meses, pero pueden ser muchos más, sometido a los cambios de temperatura, a la lluvia y al sol, mientras su lujosa presencia se irá deteriorando a la par que cae su valor.
La operación de la Guardia Civil se había iniciado en A Coruña, donde se detectó la presencia de un coche al cual se le seguía la pista. Era uno más de la lista que cada cierto actualizan con los vehículos de alta gama robados en países del Este. El seguimiento realizado por los efectivos de policía judicial de la Guardia Civil de tráfico condujo a Verín, allí fue interceptado el coche y allí sigue.
El destino final de este vehículo y la entrega a quien acredite ser su legítimo propietario aparece condicionada al desenlace del procedimiento judicial. La delimitación de responsabilidad en casos similares suele concretarse en los delitos de robo, receptación o falsedad.