El litigio iniciado por la secretaria municipal de A Rúa tras ser expedientada por el alcalde, José Vicente Solarat, no acabará con la sentencia que declaró ilegal esa decisión. La funcionaria, Pilar González Bello, pedirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la decisión del regidor, además de todo el dinero que dejó de percibir a causa de la suspensión y sus correspondientes intereses de demora ya que desde entonces solo cobró sus retribuciones básicas.
El episodio que motivó el expediente disciplinario contra la secretaria municipal tendrá también consecuencias en la Justicia ordinaria. La Fiscalía ha encontrado indicios de delito en los hechos ocurridos durante la discusión que mantuvieron Pilar González y el tesorero del Concello, Jesús Rodríguez. La funcionaria había puesto en conocimiento del fiscal jefe de Ourense y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de A Rúa las supuestas coacciones, amenazas y agresiones recibidas ese día por el trabajador y también por el propio alcalde, pero no presentó querella alguna. Ha sido la Fiscalía la que ha iniciado acciones contra las acusados y el juicio se celebrará el día 17 en O Barco.
Pero ahí no acaban los litigios judiciales relacionados con la ya ex secretaria de A Rúa. Pilar González ha reunido en una sola querella criminal todos los hechos ocurridos desde el año 2004 en el Concello. La funcionaria acusa de coacciones, prevaricación, injurias y calumnias al alcalde de A Rúa, José Vicente Solarat, y a otras tres personas. Se trata del tesorero municipal, Jesús Rodríguez Fernández, del ingeniero del Concello, José María Sorribes y del alcalde de Petín, Miguel Bautista Carballo. Esta es la primera vez que el regidor petinés -que comparte la Secretaría con A Rúa en virtud de la entidad que agrupa a ambos municipios- es incluido en las denuncias relacionadas con Pilar González Bello.
En la querella criminal se recogen las coacciones y amenazas presuntamente recibidas desde que en marzo de 2004 surgiera el primer conflicto y culmina con el episodio que motivó la suspensión de la funcionaria y el propio expediente disciplinario.