El gallego Luis Bouza Paz, natural de Vilalba, y su socio en la financiera vallisoletana Riverduero, Joaquín Martín Calero, ingresaron ayer en prisión por orden del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, tras permanecer arrestados desde el pasado viernes, acusados de varios delitos societarios, de apropiación indebida y estafa continuada, por un valor cercano a los 25 millones de euros (4.000 millones de pesetas).
Fuentes de la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae) afirmaron ayer que Riverduero, que operaba con sede central en la capital vallisoletana y una oficina en Sevilla, llegó a firmar contratos garantizando hasta un 15% de rentabilidad a sus inversores, cuando la media del mercado no superaba el 7% en ninguna entidad financiera. La lista de afectados supera los 500 nombres y entre ellos hay varios gallegos, al parecer captados en el entorno más directo de Luis Bouza.
Su familia no quiso hacer ayer declaraciones en Valladolid y sus parientes gallegos, que eran conscientes de la «buena posición social» de Bouza Paz, se mostraron «muy sorprendidos» tras conocer las acusaciones por las que ingresó en prisión y el presunto chiringuito financiero que se ocultaba tras su empresa.
La policía sospecha que la presunta estafa podría ser aún mayor y sigue el rastro del posible uso de dinero negro en las operaciones de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión.
Las dos sedes españolas de la sociedad permanecían ayer cerradas a cal y canto. Dentro, los teléfonos no dejaban de sonar tanto en Valladolid como en Sevilla, donde reside una hermana de Luis Bouza Paz.
Una responsable de la academia Studyo, ubicada encima de Riverduero, en el número 5 de la plaza Mayor vallisoletana, admitió ayer que la oficina tuvo actividad hasta el pasado viernes y definió a los dos socios como «personas discretas y muy normales en apariencia». «Nunca percibimos nada raro», ?comentó.
El tercer mazazo
En Valladolid, este es el tercer mazazo financiero que golpea a sus ciudadanos. Primero fueron los más de 350 afectados por el caso Gescartera, otro agujero de casi 53 millones de euros que dejó a cerca de 2.300 inversores lastrados en España. Más tarde la estafa filatélica de Fórum-Afinsa, con sede en Valladolid, que generó otro pozo de 4.700 millones de euros y un reguero de 465.000 afectados en todo el país.
El caso Riverduero es el de una sociedad que apenas publicitaba sus servicios y que funcionó desde 1999 con un boca a boca entre sus clientes. Las primeras víctimas comenzaron a hacer públicos ayer sus contratos. El perfil de los perjudicados es muy diverso, según comentaron los abogados de Adicae, que hoy mismo presentarán sendas denuncias contra Luis Bouza y Martín Calero, por delitos societarios y de apropiación indebida. «Había inversores desde los 6.000 euros hasta los 300.000», reconoció un portavoz, «y de todos los estamentos sociales, incluyendo algunos de los empleados de Riverduero».
El socio de Luis Bouza, de 57 años, era una persona conocida en el mundo financiero vallisoletano, donde había trabajado en distintas empresas del sector.
Según los investigadores, la sociedad intervenida no estaba debidamente acreditada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ofrecía productos inexistentes a sus clientes y tenía maquillada su contabilidad, incluso en la presentación formal de sus cuentas ante el Registro Mercantil. Cuando alguien exigía la devolución de su dinero se le reembolsaba con aportaciones de nuevos clientes. La bola de nieve llegó a afectar a los gastos ordinarios de la firma (pago de nóminas o alquiler de local). El juez considera a la empresa en situación de insolvencia patrimonial y calcula un agujero (entre capitales e intereses) de 25 millones de euros.