Sánchez Vidal asegura que los locales cerrados en avenida de Pontevedrá por ruina deberán trasladarse
OURENSE
Las obras que se están ejecutando en el edificio de la avenida de Pontevedra donde el Concello ordenó el desalojo de cuatro establecimientos a mediados de enero, por razones de seguridad pública al estimar que el inmueble se encuentra en estado de ruina, corren a cargo de la propiedad, según ayer confirmó el teniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal.
El edil cree que los cuatro establecimientos afectados por la decisión municipal seguirá fuera del edificio, incluso el Café Victoria, que «tamén ten que desplazarse» pese a las dudas que había en relación con este local, según él mismo reconoció. De hecho, las resoluciones judiciales indicaban de forma clara que la parte de construcción donde estaba instalado este café se encontraba en una situación muy diferente a la del cuerpo principal del edificio, donde estaban Almacenes La Verdad, Junior y peluquería Everman. Sánchez Vidal, no obstante, indicó ayer que también en el caso de Café Victoria «ten que desplazarse» de emplazamiento.
Mucha «precaución»
El primer representante del BNG en la corporación local dice que las obras se están ejecutando por la propiedad, dentro del plazo que en su momento se le concedió, con el fin de asegurar los elementos arquitectónicos y patrimoniales, «de enorme importancia para a cidade». «Aí temos unhas arcadas que dan a un patio, que é renacentista, ponte dos séculos XVI e XVII, e temos que ter moita precaución á hora de operar».
Para Sánchez Vidal, al margen de la intervención municipal por razones de seguridad, en la raíz del conflicto nada tiene que ver la administración, pues «é un tema civil, un asunto privado» entre la propiedad y los privados, en el que no entrar el Concello de Ourense. Cuestión diferente es la que concierne al estado del edificio, de ruiña y potencial riesgo para los usuarios de los establecimientos o meros viandantes.
La decisión municipal de clausurar estos cuatro establecientos la ejecutó el gobierno municipal entre las doce de la noche y la mañana del día 15 de enero pasado, pese a que la declaración de ruina estaba entonces pendientes de recurso ante el Tribunal Superior de Galicia y, además, el pasado 18 de diciembre había sido expresamente denegada la solicitud de clausura y precinto de locales por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Uno de Ourense.
La decisión municipal dio entonces lugar a la formalización de una querella en el ámbito penal contra la concejala de urbanismo, Áurea Soto, por supuestos delitos de desobediencia y prevaricación. La denuncia, presentada en el juzgado de guardia, ha dado lugar a las correspondientes diligencias.