El presidente de Ausbanc anima a los ourensanos a que reclamen al Estado en el caso de los sellos

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MIGUEL VILLAR

13 abr 2007 . Actualizado a las 07:00 h.

Aunque muy lejana la imagen del salón de actos del centro cultural de la Diputación lleno hasta la bandera, habitual en las primeras convocatorias de afectados por la intervención de las empresas Finsa y Fórum Filatélico, la presencia en Ourense del máximo dirigente de la asociación Ausbanc, Luis Pineda, animó ayer a casi medio centenar de personas a acudir al mismo espacio para escuchar la tesis de que la culpa de todo la tiene el Gobierno. En contra de la posición que otras asociaciones de consumidores mantienen y ofreciendo, al mismo tiempo, una más que aparente cobertura a la gestión de las dos empresas intervenidas, desde Ausbanc mantienen que la línea de reclamación más correcta es la demanda de responsabilidad patrimonial directamente contra el Estado. Luis Pineda, que repartió críticas a la ministra Elena Salgado y altos cargos del área de consumo, a quienes calificó como «trío calavera de la incompetencia», comparó la situación con un episodio de agresión sexual. Es, dijo, como si quien viola a dos empresas (el Gobierno) «después te dice: y ahora vete a mi ambulatorio a que te den una tirita; yo, con usted no voy a ninguna parte, yo voy contra usted». Carrefour y los limones El presidente de Ausbanc, en su intervención en el salón de actos del Simeón, sugirió que, con razonamientos como los empleados sobre este supuesto fraude desde hace casi un año y basándose en la multiplicación del precio final de los limones en relación con su coste en origen, «yo digo que hay que meter a todos los directivos de Carrefour en la cárcel». Y si, remachó Pineda, el precio de los pisos está sobrevalorado, de acuerdo con algunos análisis, «pues todos los promotores a la cárcel», propuso. «Una cosa es vender caro y otra distinta es estafar», dijo el presidente de Ausbanc, organización que ha sido denunciada en la Audiencia Nacional por un grupo de perjudicados en base a una supuesta estafa procesal por las relaciones económicas entre la propia asociación y las dos sociedades implicadas en el presunto engaño filatélico, Fórum y Afinsa, cuya honestidad defiende Ausbanc. Vinculó el presidente de Ausbanc la intervención del Gobierno con el pretendido afán de trasladar el conflicto a las comunidades autónomas, bloquear el juzgado que entonces dirigía el magistrado Grande-Marlaska y minimizar el impacto de una sentencia judicial contraria al Ejecutivo. En Ourense, según las estimaciones de Ausbanc, son alrededor de cuatro mil los afectados directos por este conflicto, que es, para Luis Pineda, «la crisis más brutal de consumo, por importe y cantidad de afectados, de la historia de España».