El imputado reconoció que llamó «corruptos» al regidor y varios ediles Los hechos se produjeron en el Ayuntamiento de Quintela de Leirado en mayo del 2005
05 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?n incidente que sucedió en el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad de Quintela de Leirado el 24 de mayo del año 2005 fue recreado ayer en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital ourensana. Aquel día, y según las declaraciones tanto de los ediles y el alcalde de la corporación -José Antonio Pérez Cortés- como de varios agentes de la Guardia Civil, Enrique Lloves irrumpió en una reunión para insultar e incluso amenazar primero a políticos y después a agentes. Durante aquella jornada se estaba celebrando el sorteo de la elección de miembros de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Gallego, celebradas en junio del pasado año. En el momento en el que se estaba procediendo a realizar el sorteo, una persona que se encontraba en el salón de plenos -el ahora acusado- se sentó al lado de la mesa de plenos, intentando ver la documentación de la que disponía el secretario para proceder al sorteo. Siempre según la versión del ministerio fiscal, el alcalde le advirtió en ese momento que no era posible ver esa documentación, pidiéndole además que volviese a tomar asiento en el lugar destinado al público. Esto motivo el enfado del ciudadano, que insistió en ver la documentación -según consta en los autos- asegurando que los nombres que aparecían en las listas habían sido puestos por el alcalde y los concejales según su conveniencia. Habría comenzado, entonces, a llamar «corruptos» a todos los políticos presentes ante lo cual el alcalde le habría instado a abandonar el salón de plenos. Lejos de hacerlo el acusado continuó insultando a los presentes, intentando además hacerles una foto, lo que motivó que el regidor optase finalmente por suspender el pleno y llamar a los agentes de la autoridad. Minutos después se acercaban hasta la casa consistorial de Quintela de Leirado dos agentes de la Guardia Civil, que solicitan a Enrique que se siente en el público y permanezca en silencio, aunque de nuevo se encontraron con la negativa del imputado, que refirió que «tenía derecho a hacer lo que estaba haciendo dado que se lo permitía la Constitución Española». Ante esas palabras, los agentes le instaron a que abandonase la sala aunque, finalmente, no les habría quedado más remedio que desalojarlo, después de recibir, presuntamente, insultos y golpes varios por parte del imputado. Sólo entonces se pudo reanudar la sesión. Todos estos hechos fueron calificados por el ministerio fiscal como una falta contra el orden público, otra falta de respeto a la autoridad y un delito de atentado a agentes de la autoridad, por el que el imputado Enrique Lloves podría ser condenado a dos años de prisión y varias multas económicas.