Los vecinos de Santa Cruz acusan a la Xunta de ocultar datos a Fomento

Marta Carballo OURENSE

OURENSE

PILI PROL

Afirman que Núñez Feijóo no informó al Gobierno de las alternativas al enlace de la autopista Un informe de los técnicos municipales dice que la variante G-3 es viable y causa menos daños

24 sep 2004 . Actualizado a las 07:00 h.

Indignados. Así se muestran los vecinos de Santa Cruz de Arrabaldo después de conocer que un informe de Fomento desautoriza la construcción de la glorieta propuesta por la Xunta para el enlace de la autopista a Santiago en esta localidad. Un informe emitido el 29 de julio que la Consellería de Política Territorial no comunicó a los afectados que consideran, como explica Manuel Fernández, que Núñez Feijóo se está burlando de ellos. Los vecinos aseguran que antes de que se expusiera al público el trazado de la autopista, la Xunta «lo tenía ya decidido y aprobado». Es más, afirman que ese mismo día, y antes de que se presentaran las alegaciones, Núñez Feijóo ya había solicitado el informe de la Demarcación de Carreteras tras informarles de que se había aprobado el enlace de conexión de la autopista con la A-52, la N-120 y la OU-402. Explican los afectados que el conselleiro en ningún momento comunicó al Gobierno central la existencia de alternativas al trazado, entre ellas la G-3 propuesta por los vecinos y avalada por un informe municipal de abril del 2004 que la considera «técnicamente viable y que produce mucho menos daño al pueblo de Santa Cruz que el propuesto por la Xunta». Entiende el representante vecinal que el informe de Fomento rechazando la glorieta desmonta el argumento esgrimido por la Administración autonómica para mantener el trazado invariable. Acusan al conselleiro de «autoritarismo y prepotencia» ya que entienden que sin haber contestado a las alegaciones vecinales los técnicos de su departamento están ya valorando las propiedades. Ante esta nueva situación, los afectados por la autopista preguntarán a Política Terrotorial si conocía este informe y afirman que es «ilegal que antes de abrir el período de alegaciones la decisión ya esté tomada».