El 22 de septiembre mostró las dos caras de la moneda del sistema de pensiones español. Por un lado, varios expertos explicaron ante la Comisión del Pacto de Toledo lo que cuesta mantener un sistema cada vez más generoso, sin una financiación que crezca al mismo ritmo. Por otro, el pleno del Congreso tomó en consideración la proposición de Podemos para suprimir los coeficientes reductores a quienes acrediten 40 o más años cotizados. Se mantiene así el dilema entre lo justo y lo sostenible.
La propuesta no cambia los requisitos para acceder a la jubilación anticipada. En la involuntaria se seguirían exigiendo 33 años cotizados, una causa de cese tasada y un adelanto máximo de cuatro años. En la voluntaria, 35 años cotizados y un adelanto máximo de dos años. Lo que cambia es que, con cuatro décadas cotizadas, adelantar la jubilación ya no reducirá la pensión.
Actualmente los recortes pueden llegar al 21 % en la jubilación voluntaria y al 30 % en la involuntaria, y se mantienen de por vida. De ahí la sensación de agravio de estos pensionistas que, tras 40 años de trabajo, siguen siendo penalizados.
Pero la solución tiene un precio. El Gobierno calcula un coste de 3.358 millones de euros al año, por lo que el debate permanece: hay que saber cuánto cuestan y cómo se financiarán estas pensiones, si esta reforma prospera. Además, quienes ya se han jubilado podrían pedir que se recalcule su pensión, así como la subida desde la fecha de la solicitud, sin atrasos. Respecto a esta posibilidad tampoco se ha calculado cuánto costará ni cuántas personas lo solicitarán.
El Congreso ha aceptado debatir la propuesta, pero todavía no ha entrado en vigor. Por ahora nadie puede jubilarse con estas nuevas condiciones. La iniciativa salió adelante con 178 votos a favor, 136 abstenciones y 33 en contra, pero todavía puede cambiar. Quedan cuestiones abiertas: Sumar pide un sistema gradual, el PP rechaza incluir las jubilaciones voluntarias, y siguen pendientes la retroactividad y la financiación. Tal como está redactado el texto, una persona con 39 años y 11 meses cotizados seguiría sufriendo el recorte en su pensión, mientras que otra con 40 años justos se libraría de él. Un solo mes de diferencia cambiaría por completo el resultado. Es una regla sencilla, pero no necesariamente justa
En el Pacto de Toledo recordaron que el gasto en pensiones no puede crecer sin freno, porque los recursos del Estado no son infinitos. También advirtieron de que será difícil garantizar a los jóvenes que podrán jubilarse a los 65 años. Para sostener el sistema defendieron mejorar los salarios y las cotizaciones y repartir de forma justa el esfuerzo entre generaciones. Cuarenta años de cotizaciones no son una concesión, sino una contribución que ya se ha hecho. Por eso, eliminar el recorte es una cuestión de justicia. Pero precisamente para proteger lo que esas personas han aportado, la reforma necesita explicar con claridad cómo se costeará y que el sistema siga siendo sostenible para futuras generaciones.