Ante los desastres que vienen asolando a esta vieja piel de toro, llámese España, uno se hace muchas preguntas que exigen respuestas. Hoy en día casi todos los desastres producidos por la fuerza bruta de la naturaleza, incluso terremotos y volcanes, se pueden predecir dado el avance tecnológico. Pero, a pesar de estos avances, seguimos viendo sus consecuencias nefastas. Con mayor o menor grado de influencia, siempre existe el factor humano como invitado. Es aquí cuando entra en lid la política. Una correcta política, bien asesorada por competentes técnicos, deberá planificar, lo cual significa organizar, predecir, elaborar un plan de acción para limitar los efectos negativos del desastre, con previsión de acciones futuras, asignar presupuestos y tomar decisiones. Si analizamos todos los cataclismos pasados, observamos que el factor humano ha influido de forma negativa o incluso nefasta. Se demostró en la dana de Valencia con multitud de muertes —el responsable máximo estaba ausente—; en los intensos incendios que desertizan y queman comunidades —no se invirtió nada en previsión y limpieza del monte—; en diversas riadas o grandes mareas —las autoridades locales permiten construir donde debería estar prohibido—. Habría que aceptar que los verdaderos héroes son aquellos que a raíz de sus muertes se han corregido las incompetencias de los responsables. Y uno se pregunta por qué. La respuesta podría ser que en este país se cobra por estamento social o profesional, pero no por el nivel de responsabilidad. Entre el ingeniero y la obra hay muchos estamentos. Los directores están encerrados en sus despachos, los alcaldes no conocen a sus vecinos, y el diputado incluso puede serlo por otra ciudad diferente a aquella donde vive. ¿Existe mayor corrupción? El corporativismo sigue siendo tan fuerte que es muy difícil que se determinen las culpabilidades consecuencia de una irresponsabilidad. Con gran frecuencia, los colegios profesionales actúan tapando al culpable. En la sanidad pública y en la Administración del Estado, sigue primando en demasía la antigüedad y no tanto las actitudes que valoran el compromiso. Ser «propietario de la plaza» impide la evaluación. ¿Quién evalúa al profesor o al jefe? ¿El alumno puede evaluar al catedrático? El título es lo que vale. La evaluación es un proceso dinámico y objetivo (si se hace correctamente) que debería instalarse en las administraciones públicas. Quizá este proceso de no evaluar, que no podemos confundir con calificar, es otra razón por la que se cumple el llamado principio de Peter: se llega muy temprano al nivel máximo de incompetencia en puestos de gran responsabilidad y es mas fácil la catástrofe.