Fusionar municipios a través de las urnas
OPINIÓN
Galicia y España funcionan con una ordenación del territorio municipal heredada del siglo XIX, en una realidad económica y territorial absolutamente distinta de la actual. Dos siglos después, y a diferencia de otros países europeos, España apenas ha abordado reformas profundas en este ámbito.
El desfase es especialmente preocupante en las grandes áreas metropolitanas gallegas, donde la fragmentación municipal complica la planificación, la gestión de servicios y la coordinación de infraestructuras en espacios que, en la práctica, funcionan como una única ciudad.
Municipios de mayor tamaño permitirían prestar mejores servicios básicos como el saneamiento, la recogida de residuos o la seguridad, pero también afrontar con más eficacia retos clave como la movilidad y transporte público, el urbanismo y la ordenación del suelo. No es solo una cuestión de dimensión, sino de capacidad: más población implica economías de escala, estructuras administrativas más sólidas y lo que es crucial en las grandes ciudades: una gestión más integrada del territorio.
La experiencia internacional apunta en esa dirección. Muchos países europeos han reducido su número de municipios en las últimas décadas. El ejemplo más cercano lo tenemos en Portugal: con mayor población y territorio que Galicia, cuenta con menos ayuntamientos.
En Galicia, los intentos de ordenar el territorio han tenido un alcance limitado. El Plan de Comarcalización de 1997 definió 53 comarcas con criterios funcionales, pero nunca llegaron a consolidarse como verdaderos niveles de gobierno. Hoy, la gestión supramunicipal se reparte entre diputaciones, mancomunidades o la propia Xunta, con resultados desiguales.
Frente a este escenario, se plantea una vía distinta y que puede ser aceptada por los ciudadanos y la actual clase política: impulsar fusiones municipales de forma voluntaria y con respaldo ciudadano. La clave sería introducir una consulta coincidiendo con las elecciones locales, de modo que los vecinos decidan directamente si desean integrarse en un nuevo macroayuntamiento de ámbito comarcal.
La ley autonómica 5/1997 de Administración Local de Galicia atribuye a la Xunta la competencia para aprobar fusiones municipales (mediante decreto), respetando la legislación básica estatal.
Esta ley prevé que las fusiones se realicen a partir del acuerdo previo de las corporaciones locales implicadas, sin necesidad de referendo vinculante de los vecinos. Pero seamos realistas: las posibilidades de que los actuales políticos municipales decidan inmolarse por el bien común son muy bajas, apenas hay dos ejemplos en Galicia en los últimos años: Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade. Sin embargo, la introducción de una consulta ciudadana previa y explícita reforzaría de forma sustantiva la legitimidad democrática del proceso: si la mayoría de la población afectada se pronuncia a favor, parece difícil que las corporaciones locales se opusieran a la fusión.
Este mecanismo permitiría avanzar de forma gradual, flexible y aceptable por todos. Veamos por ejemplo el caso de la comarca de A Coruña. Este ámbito está compuesto por el municipio de A Coruña y los de Arteixo, Cambre, Oleiros, Culleredo, Sada, Carral, Abegondo y Bergondo.
Supongamos que la iniciativa de fusión voluntaria se somete a votación en las elecciones locales de mayo del 2027: cada municipio vota, además de a su alcalde, si desea o no fusionarse con los ayuntamientos de su comarca.
Si en A Coruña, Sada y Oleiros la opción favorable obtiene mayoría simple, y posteriormente, como exige la ley, las corporaciones locales de estos tres municipios ratifican el resultado (algo obvio tras la voluntad popular expresada en las urnas), se constituiría un nuevo ayuntamiento integrado por los tres, organizado en tres distritos correspondientes a los antiguos municipios. El alcalde del nuevo ayuntamiento sería el del municipio más poblado, mientras que los otros dos pasarían a desempeñar la presidencia de sus respectivos distritos.
En aquellos municipios donde la fusión no obtenga mayoría, la propuesta podría someterse de nuevo a votación en las siguientes elecciones locales, cuatro años después. Es razonable anticipar que, a medida que se evidencien las ventajas de las fusiones para la ciudadanía, más municipios tenderán a adherirse, hasta completar —o no— la totalidad de la comarca.
La implantación podría desarrollarse en fases: primero en las áreas de las siete ciudades gallegas, donde los problemas de movilidad y planificación son más intensos; después en comarcas rurales, con menos población, para mejorar la prestación de servicios; y finalmente en municipios intermedios.
El principal obstáculo no es técnico ni legal —la normativa ya lo permite—, sino político y cultural. Por eso, el elemento decisivo es trasladar la decisión a la ciudadanía.
En última instancia, el debate va más allá de la organización administrativa. Se trata de adaptar el mapa municipal gallego a una realidad donde los límites locales han quedado desbordados por la vida cotidiana, la economía y la movilidad del siglo XXI.
Las posibles reticencias de los distintos actores institucionales implicados (Xunta, corporaciones locales, diputaciones) podrían verse atenuadas por el carácter plenamente voluntario y democrático de la propuesta.
El éxito dependerá de explicar bien las ventajas de un mapa municipal adaptado al siglo XXI.