Cada vez que en España el cielo se desploma, el monte brama, las vías férreas sufren una pequeña rotura o la tierra se abre, el guion de la tragedia se repite con una precisión casi milimétrica. Llega el desastre, se suceden las promesas institucionales sobre el barro y la ceniza o delante de los hierros retorcidos y la lava, y el debate público encalla en el callejón de siempre: buscar culpables en la naturaleza, en la mala suerte de una pieza que se rompe o en el radar de turno. El cambio climático, con sus temperaturas desbocadas y sus temporales feroces, así como la innegable actividad geológica de nuestro suelo, son aceleradores obvios. Pero nos engañamos si les achacamos toda la responsabilidad. La meteorología y la geología pueden encender la mecha, pero es nuestra falta de prevención la que acaba dictando la magnitud de la catástrofe. Porque en España la previsión no es una prioridad; es un mal sistémico que lo inunda casi todo.
El problema de fondo no es el clima ni la tectónica, sino la desidia en la gestión, el mantenimiento y la ordenación de un territorio de espaldas a la racionalidad. Durante décadas, el urbanismo ha ocupado barrancos y llanuras inundables bajo la falacia de que el hormigón puede domesticar el agua. Esta misma ceguera se extiende a una gestión forestal profundamente desacertada, que destina presupuestos multimillonarios a apagar fuegos en pleno estío mientras abandona los montes en invierno, olvidando que los incendios se previenen cuando hace frío y se limpia la biomasa. Incluso la red ferroviaria, joya de la corona de las infraestructuras, sufre las costuras de una alarmante escasez de mantenimiento preventivo, aplicando parches sobre las vías en lugar de auditorías profundas de seguridad.
El ejemplo más rotundo de este divorcio entre la información disponible y la falta de prevención lo vivimos con el volcán de La Palma. La ciencia cumplió de forma impecable monitorizando los seísmos previos y salvando vidas con las evacuaciones. Sin embargo, el desastre material fue descomunal, porque durante generaciones se permitió construir barrios y economías enteras sobre las zonas de mayor peligro geológico de la isla, ignorando de forma sistemática los mapas de riesgo volcánico. Salvamos las vidas, pero enterramos el futuro bajo la lava por no haber diseñado un territorio consciente de sus propias amenazas.
La paradoja es que sabemos cómo evitarlo. Cuando se quiere, la prevención estructural funciona: desviando ríos caudalosos, diseñando parques urbanos que absorben riadas o limpiando los cortafuegos forestales con la ganadería tradicional en invierno. El desastre en España no es un castigo divino ni una fatalidad inevitable, aunque muchas veces deje esa sensación. Es el precio acumulado de no invertir en la discreta tarea de mantener el país seguro, viéndonos obligados a gastar inmensas cantidades de recursos en gestionar la emergencia.
Esperar a que la climatología o la geología dejen de presentar retos para no sufrir estas catástrofes es tanto como esperar que el mar calme sus olas para ponernos a navegar. La naturaleza siempre será un desafío cambiante; somos nosotros quienes hemos de blindar el territorio. La diferencia entre la resiliencia y la desgracia colectiva depende estrictamente de lo que decidamos legislar y construir hoy, antes de que llegue la próxima crisis. No es tan difícil. Miremos simplemente lo que hacen Japón, Noruega o los Países Bajos y aprenderemos. Porque llevan tiempo demostrando que el futuro, si se planifica, es menos hostil.