En los últimos años se ha consolidado en el discurso público la idea de que la economía española atraviesa una etapa de fortaleza. Sin embargo, un análisis más detallado dibuja un panorama bastante más matizado e inquietante. Más allá de los titulares optimistas, conviene detenerse en el impacto real sobre el bienestar de los ciudadanos.
Uno de los indicadores más utilizados para evaluar la situación financiera de un país es la deuda pública en relación con el PIB. En el contexto actual, este dato puede resultar engañoso. Desde el 2020, el crecimiento del PIB nominal ha estado fuertemente influido por la inflación, lo que reduce artificialmente el peso relativo de la deuda. Resulta más esclarecedor observar su evolución en términos absolutos. En el 2018, la deuda pública española se situaba en 1,117 billones de euros. En el 2026 alcanza aproximadamente los 1,66 billones, lo que supone un incremento cercano al 41 %, es decir, unos 490.000 millones de euros adicionales. La subida del tipo de interés de los bonos del Tesoro hasta el 3,5 % aumentará severamente los intereses a pagar. Entre el 2018 y el 2025, el incremento total del gasto público ha sido de un 254 %, unos 253.000 millones de euros. Este aumento convive con un déficit público que ha estado acumulando deuda desde el 2018 a niveles de entre 30 y 40 millones cada año. En el plano individual, la carga financiera derivada de la deuda pública que soporta un contribuyente al IRPF alcanza hoy 65.098 euros, un 51 % más. La cuestión clave es si estos aumentos se han traducido en una mejora equivalente de los servicios públicos o del bienestar general, algo que no resulta evidente.
Se han incrementado 553.690 empleados públicos, lo que parece claramente un exceso. Por otra parte, en la dinámica demográfica, la población extranjera ha aumentado en 2,3 millones de personas, pero tan solo se incorporan al mercado laboral 1,3 millones. Es decir, el 43 % de ese crecimiento poblacional no se está integrando en el mercado laboral, planteando serios interrogantes sobre la sostenibilidad futura de nuestro sistema a largo plazo.
Entre 1982 y 1992 se construyeron en España aproximadamente 1,1 millones de viviendas de protección oficial, mientras que desde el 2018 hasta hoy apenas se han levantado unas 76.981 viviendas protegidas. La capacidad de respuesta del Estado se ve ahora limitada por su propia situación financiera, ya que cualquier intervención de gran escala en vivienda exigiría un aumento significativo de los ingresos vía impuestos o un nuevo incremento del endeudamiento.
El indicador Arope, que mide el número de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social, ha pasado del 26,9 % en el 2018 a alrededor del 25 % en la actualidad. Se trata de una reducción escasa que, además, mantiene a España en niveles superiores a los de economías comparables como Francia 17 % o Alemania 20 %. La evolución de los salarios refuerza esta percepción. El salario medio ha crecido en torno a un 29 % entre el 2018 y el 2026, pero la inflación acumulada en ese mismo período ronda el 30 %, lo que implica un estancamiento en términos reales. Este deterioro se refleja en una importante caída del peso de la demanda interna en el período. Si a estos factores les sumamos una evolución desfavorable de la productividad y niveles elevados de absentismo laboral, no es un buen panorama.
El contexto internacional exige una transformación profunda del modelo productivo y del sistema educativo. Sin embargo, no se aprecia una estrategia clara que aborde estos retos de manera integral.
Antes de la crisis de 2008 ya existían señales que no fueron atendidas con la suficiente anticipación. Hoy, algunos indicadores vuelven a apuntar en una dirección similar. La ausencia de reformas estructurales y la simplificación del discurso económico contribuyen a generar una preocupante desconexión entre la realidad y la narrativa oficial.