Ley de Economía Social: ni caridad ni negocio. Derechos
OPINIÓN
Hay leyes que no abren telediarios. Esta es una de ellas. El Congreso acaba de aprobar de forma definitiva la Ley Integral de Impulso a la Economía Social y probablemente mañana nadie hable de ello en ninguna tertulia. Pero, para quienes llevamos 30 años en los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, es una de esas noticias que te obligan a parar un momento y pensar en todo el camino recorrido.
Cegasal empezó hace tres décadas. Tres entidades gallegas que se juntaron para defender algo que entonces casi nadie entendía, y que a veces sigue costando explicar: somos empresas. Facturamos, competimos, estamos en el mercado. Lo que no hacemos es repartir beneficios. Todo vuelve a las personas. A generar empleo para gente con discapacidad. Treinta años así. Con lo fácil que habría sido hacer las cosas de otra manera.
Los 32 centros de nuestra asociación dan trabajo hoy a más de 2.100 personas. De ellas, el 96 % tienen algún tipo de discapacidad. Están en jardinería, en industria, en hostelería, en limpieza... En catorce sectores. Trabajadores que fichan cada mañana, producen y cobran. Como cualquier otro trabajador, porque eso es lo que son.
¿Qué cambia con esta ley? Algo que llevábamos años pidiendo. Solo los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro van a ser reconocidos como economía social. Hasta ahora no era así. Convivíamos bajo el mismo paraguas con centros creados por empresas cuyo objetivo era el beneficio privado. Accedían a las mismas ayudas, a la misma contratación pública, pero luego se repartían los beneficios. A eso no se le puede llamar economía social. Es otra cosa. Y la ley por fin lo dice sin rodeos.
Hay más. Se refuerza la contratación pública reservada y se pone freno al intrusismo en las cooperativas. No es papel mojado. Son medidas que van a tener efectos reales.
Pero quiero ir más allá de la ley. Treinta años dan para muchos nombres, mucha gente que ha hecho posible esto. Familias que nos confiaron a sus hijos cuando no había ninguna garantía. Profesionales que se reinventan cada día para adaptar un proceso o un espacio de trabajo. Administraciones que apostaron cuando este modelo generaba escepticismo. Y los trabajadores, claro. Sin ellos no hay nada de esto.
Galicia fue pionera en varias cosas y creo que no lo decimos lo suficiente. El primer convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo lo firmamos en el 2003. El primer centro de España registrado como «sin ánimo de lucro» fue gallego, en el 2005. Y con la Rede Cegasal Inclúe hemos ido sumando a empresas ordinarias que ya entienden que la diversidad no es un coste, sino algo que aporta.
Pero queda mucho por hacer. La tasa de empleo de las mujeres con discapacidad anda por el 27 %. La de las mujeres sin discapacidad supera el 62 %. No voy a decir que esa brecha se cierra con una ley, porque no es verdad. Se cierra cuando las empresas contratan de verdad, cuando las Administraciones reservan contratos sin que haya que pelearlos cada vez, cuando como sociedad dejamos de mirar la discapacidad como un problema.
La economía social mueve ya el 11 % del PIB en España. Son más de 127.000 empresas y más de dos millones de empleos. Quien siga pensando que esto es un sector marginal, se está perdiendo una parte importante de lo que pasa en este país.
Nosotros vamos a seguir. Con rigor, sin ruido y poniendo a las personas en el centro. Porque la inclusión no es un favor. Es un derecho. Y después de 30 años, por fin hay una ley que lo reconoce como merece.