Supone un mazazo enterarnos de que un adolescente se ha quitado la vida por sufrir acoso. Necesitamos saber qué se puede hacer para evitarlo. Hay aspectos del mismo que pocas veces se consideran, y tienen que ver con la vida en los centros educativos.
Primero: las campañas sobre el acoso escolar han llevado a muchos adolescentes a creer que la atención que se dispensa a estos casos es un objeto de consumo más, utilizándolo para solucionar sus cuitas particulares. Esto crea un bosque de denuncias falsas que lleva mucho tiempo desbrozar, ocultando a la auténtica persona acosada, la cual, por ser esencialmente silenciosa, tiende a pasar desapercibida.
Segundo: cuando identificamos a esta persona e iniciamos un protocolo nos encontramos con que o actuamos muy rápidamente o los acosadores se organizan (y sus familias también) para amenazar y presionar a los posibles testigos.
Tercero: si hemos sido capaces de ser más rápidos y descubrimos a las personas que han cometido acoso (el protocolo exige que cuatro docentes, entre los que se encuentra la persona orientadora, investiguen y dictaminen sobre el caso) nos encontramos con el problema de las familias de los implicados que, frecuentemente asesoradas por abogados, nos llegan a responsabilizar del estado emocional de sus hijos por las actuaciones del protocolo, aludiendo soterradamente a un posible suicidio. De esta manera pretenden convertir al acosador en víctima.
Cuarto: si la persona directora es un Hércules y prosigue con determinación las actuaciones previstas en el protocolo (tantas como personas implicadas), le esperan horas interminables de burocracia, encerrada en su despacho, elaborando recursos, papeleo, e incluso informes para el Valedora do Pobo. Todo ello, que podría parecer una situación excepcional, se ha convertido en habitual. Como también lo es el que ningún implicado ni sus familias sean empáticas en ningún momento con el sufrimiento de la persona acosada.
De ello extraemos dos conclusiones. La primera es que la Administración educativa debe apoyar a los centros en estas cuestiones, impensables hace unos años. Si quiere ofrecer una educación de futuro debe proporcionar a los docentes y a los equipos directivos recursos adaptados a la nueva situación social.
La segunda es que, a pesar de que los implicados acaben cumpliendo la medida correctora impuesta, su efecto formativo se diluye, ya que la lección que reciben de sus familias es la de que se ha cometido una injusticia. Cuando los padres defienden incondicionalmente a sus hijos no son conscientes de que estos saben perfectamente lo que han hecho, y la imagen de sus padres siendo cómplices de su mentira les pone en el camino de perderles el respeto. Una educación basada en el esfuerzo, la responsabilidad y el respeto es la mejor inversión para las familias y la sociedad.
Lamentablemente algo estamos haciendo mal cuando muchas de ellas prefieren amedrentar a un profesor que educar a su hijo.