Imagine que el profesor de matemáticas de su hijo, tras suspenderlo, le ofrezca clases particulares en una academia cercana; allí sí, con plena dedicación. Que el policía municipal de su ciudad trabaje como portero o guardia de seguridad de discoteca en sus ratos libres. O que el administrativo encargado de tramitar su ayuda pública le proponga hacerlo con mayor rapidez desde una gestoría privada. Algunas de estas situaciones están permitidas bajo determinadas condiciones, otras no. Pero todas, sin duda, nos resultarían chocantes. Como choca ver al médico que le ha atendido en la sanidad pública —en ocasiones sin la amabilidad o dedicación esperables— aparecer después como destacado miembro del equipo de una clínica privada. Esto mismo nos ocurrió recientemente al comprobar cómo la coordinadora de una unidad médica de nuestra ciudad era presentada con entusiasmo como parte del equipo de una conocida clínica privada, trabajo que, cómo no, compatibiliza. Todo ello después de que esa misma médica nos recomendara acudir a la sanidad privada ante la supuesta incapacidad del sistema público para resolver nuestro problema. Puede que tuviera razón y que, en ocasiones, solo la sanidad privada, previo pago, ofrezca soluciones que el Sergas no puede ofrecer por falta de inversión. Pero resulta profundamente injusto para quienes no pueden permitírselo y deja una incómoda sensación de indefensión ante la situación. Es evidente que los servicios públicos deben mejorar y que sus profesionales merecen condiciones dignas. Pero un servicio público de calidad también exige límites claros que eviten conflictos de intereses y garanticen una verdadera vocación de servicio. Javier Castro. A Coruña.