La moción del grupo parlamentario mixto impulsada por Ione Belarra ha instado al Gobierno a eliminar los coeficientes reductores que se aplican a la jubilación anticipada de quienes acrediten 40 o más años cotizados. Hay trabajadores que acumulan este elevado número de años cotizados —hablamos de vidas enteras de contribución, a menudo iniciadas muy jóvenes y en condiciones duras— y de esta manera sostuvieron durante décadas un sistema que hoy les penaliza si se retiran antes de la edad ordinaria.
La moción, consecuencia de una interpelación a la ministra Elma Saiz, cristaliza una reivindicación histórica de Asjubi40 (Asociación por una Jubilación Anticipada sin Penalización con 40 años cotizados) y cifra con crudeza el alcance de la realidad de este colectivo: alrededor de 900.000 pensionistas sufren recortes permanentes por jubilarse de manera anticipada, pese a superar las cuatro décadas de aportaciones.
Durante el debate de la moción, el Gobierno se limitó a señalar que los complementos a las largas carreras de cotización aplicados en la reforma de las pensiones del 2021 ya habían resuelto esta injusticia. No obstante, el importe medio de este complemento ronda los 27 euros, resultando beneficiados por el mismo, apenas 104.000 pensionistas, lo que demuestra que el parche no ha corregido la herida.
En el fondo de este debate subyace el principio de equidad contributiva y un mensaje un tanto perverso: cotizar más no garantiza un trato proporcional si te jubilas antes de la edad ordinaria, incluso por causas no voluntarias.
En el área europea, países como Francia o Luxemburgo reconocen vías de retiro temprano plenas para carreras precoces o muy largas.
Grecia, por ejemplo, permite pensión completa a los 62 años con extensa cotización. Sin embargo, en España, la política de coeficientes reductores sigue castigando al pensionista, incluso cuando la pensión teórica roza el máximo.
Pese a que el Gobierno siempre ha defendido el principio de sostenibilidad del sistema de pensiones para justificar su postura, no puede olvidarse que el Parlamento Europeo declaró admisible la queja de Asjubi40, por considerar que el colectivo afectado estaba siendo objeto de una discriminación injusta.
En las circunstancias descritas, cualquier reforma en el sistema debería debatirse y aprobarse con mayorías amplias en el seno del Pacto de Toledo, respetando siempre tres ejes esenciales en un Estado social y de derecho: dignidad, justicia y confianza intergeneracional.