Las sentencias judiciales hay que acatarlas aunque se pueda discrepar de ellas. Pero si uno de los poderes del Estado, el ejecutivo, defiende su derecho a gobernar vía decreto y sin Presupuestos generales, debería dejar trabajar y cesar de tachar de derecha rancia a los miembros del Tribunal Supremo que condenaron al fiscal general del Estado. ¿Cómo es posible que el ministro Óscar Puente diga que la Justicia española no avanzó «gran cosa» desde el fin del franquismo? ¿O qué la vicepresidenta Yolanda Díaz afirme que el poder judicial «ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista»? Están hablando de la cúpula judicial de un Estado de derecho. De unos magistrados con unas hojas de servicio inmaculadas y un prestigio fuera de toda duda que prescinden absolutamente de su forma de pensar a la hora de dictar resoluciones judiciales. Pero claro, con la que se les viene encima con los casos Cerdán, Ábalos, Koldo, esposa y hermano del presidente, lo mejor es ir empezando a enfangar a la judicatura para hacerse las víctimas y ganar electores. Están convencidos que la ciudadanía comulga con ruedas de molino y que los jueces son unos blandengues que se van a dejar amedrentar. Que poco los conocen.