Fiscales contra fiscales: la ética profesional en entredicho
OPINIÓN
Situación surrealista y preocupante la que se vive estos días en el Tribunal Supremo. Por primera vez en la historia democrática española, el fiscal general del Estado se encuentra imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Aunque no ocupa literalmente el banquillo de los acusados —pues sus prerrogativas le permiten permanecer togado en el estrado junto a su abogada del Estado—, su presencia en esta posición paradójica incrementa la sensación de desconcierto y añade un componente kafkiano a este proceso judicial sin precedentes en los sistemas jurídicos europeos.
En este punto, cualquier reflexión sobre este juicio debe ir más allá de su vertiente jurídica, pues plantea dos cuestiones de fondo que afectan directamente a la credibilidad del ministerio fiscal: por un lado, las consecuencias institucionales derivadas de una grave fractura interna; y, por otro, el papel que desempeña la ética profesional en un momento de crisis de confianza de la Fiscalía.
En primer lugar, el juicio ha puesto de manifiesto una hostilidad inédita entre fiscales, divididos entre quienes respaldan al fiscal general y quienes reclaman su dimisión. Aunque las discrepancias internas no son nuevas en la institución, esta vez el conflicto ha trascendido al ámbito público, con versiones enfrentadas, acusaciones personales y alusiones a maniobras y favoritismos que evidencian una profunda fractura. No olvidemos que el ministerio fiscal, según la Constitución y su estatuto orgánico, tiene la misión de promover la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. No obstante, esa función se ve comprometida si la institución no actúa con coherencia y unidad, proyectando una imagen de desorden que debilita su autoridad y la confianza en el sistema judicial.
En segundo lugar, este proceso judicial plantea un reto ético de gran magnitud. La imparcialidad, principio esencial del código deontológico de la carrera fiscal, parece haberse visto comprometida si analizamos detalladamente los tres pilares que la sustentan: objetividad, transparencia y responsabilidad. La objetividad obliga al fiscal a decidir únicamente en función de los hechos y las pruebas, sin dejarse influir por opiniones personales, intereses políticos o presiones externas. En este contexto cabe preguntarse si dicha neutralidad se ha mantenido. La transparencia exige que la actuación del ministerio fiscal sea clara y accesible para la ciudadanía, de modo que sus decisiones puedan ser evaluadas públicamente. Sin embargo, las actuaciones recientes han generado confusión y desconfianza. Finalmente, la responsabilidad implica rendir cuentas y justificar cada actuación con solidez, garantizando que las decisiones estén fundamentadas en derecho. No obstante, podríamos cuestionar si este último principio se ha cumplido con el rigor que la sociedad espera de una institución llamada a defender la legalidad y la Justicia.
En definitiva, en momentos como este no basta con exigir el cumplimiento de la legalidad. Es necesario recordar que la ética profesional no es un principio accesorio, sino el pilar que sostiene la confianza pública en la Fiscalía, y, en última instancia, en la Justicia y en la estabilidad de un sistema democrático legítimo.