En 2023, el Gobierno ya estableció un sistema de cotizaciones por tramos con el objetivo de que, poco a poco, los autónomos fueran acercando lo que pagan en sus cuotas a sus ingresos reales. Según lo previsto, llegaba ahora una fase del sistema de cotización por ingresos reales, que es la que está en negociación —y que determinará las cuotas mensuales que pagarán los autónomos en los años 2026, 2027 y 2028—, y que podría suponer una subida de entre 10 y 200 euros al mes para los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) el año que viene.
Dos días después de presentar esta reforma, la ministra Elma Saiz frenaba los cambios y anunciaba que iban a modificar la propuesta. «Vamos a dejar tiempo y vamos a analizar», pedía la titular de Seguridad Social desde la tribuna de la Cámara Baja. Defendió que la propuesta es la que «ya se acordó y se votó» y pidió a la oposición «menos hipocresía, porque ellos fueron los primeros que lo votaron». Pero lo cierto es que, de momento, las palabras que han escuchado han sido «sablazo», «error», «no merecen vivir estrangulados» y «no daremos ni un solo voto». Estas fueron las palabras de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y de diferentes formaciones políticas, desde la oposición hasta los socios de investidura y compañeros del Consejo de Ministros.
Dos expertos dan su opinión al respecto.
«Palos en la rueda al empleo autónomo»
Un nuevo sablazo a los autónomos
Hemos conocido estos días la propuesta del Ministerio de Seguridad Social con las nuevas cotizaciones para los próximos tres años. Continúa adelante el Plan Escrivá, que dio un giro de 180 grados a las cotizaciones de todos los autónomos con la excusa de solucionar el déficit del sistema de pensiones. Resulta curioso que el Gobierno, y también la oposición (Pacto de Toledo), solo encuentran tres medidas para solucionarlo: el incremento de las cotizaciones (o sea, actuar sobre los ingresos) y el aumento de la edad de jubilación, y también del número de años a computar para el cálculo de la pensión. En ningún caso se plantean actuar sobre el gasto. Y lo que ocurre en realidad es que la pensión media va bajando, no de manera nominal, claro, pero sí de manera real.
El plan consiste en obligar a los autónomos a cotizar por los «ingresos reales» de su actividad y arrebatar al colectivo buena parte de su autonomía, al eliminar la libertad que cada autónomo tenía para elegir, dentro del marco de mínimos y máximos fijados por el Gobierno, la base que mejor le conviniera en cada momento.
Para este Ejecutivo, enemigo de la libertad, eso no puede ser. Dicho y hecho. Con el nuevo sistema, la iniciativa ya no es del autónomo, sino del Gobierno, que nos dice la cuota que sí o sí hemos de pagar, según nuestros ingresos del año anterior. El Gobierno tiene ahora la sartén por el mango y además la sartén también es suya, porque ya se encarga la Agencia Tributaria de que los ingresos «netos» por los que hemos de cotizar sean superiores a los «reales», mediante inspecciones continuas y dificultando, limitando, cuando no excluyendo, las deducciones por gastos que el autónomo tiene para ejercer su actividad. Así que es también el Gobierno quien, finalmente, determina nuestros ingresos reales.
Ahora la cosa tiene mal arreglo, porque el Gobierno no va a devolver la libertad perdida y, como mal menor, se plantea una prórroga de las cuotas del año 2025, pero antes o después sacará adelante la subida que pretende, con acuerdo o por decreto.
En los últimos años, los autónomos hemos visto cómo la cuota ha ido creciendo cada vez más, por aumento de las bases y tipos de cotización. A ello hay que añadir los mecanismos extraordinarios que, si bien se disfrazan de incremento de cotizaciones, en realidad son impuestos, ya que no tienen contrapartida en forma de mayor pensión; me refiero al mecanismo de equidad intergeneracional, que supone un coste adicional del 0,8 % y llegará al 1,2 %. En segundo lugar, la subida de las bases máximas de cotización, sin que ello suponga aumento de la pensión máxima y la cotización extra para los ingresos superiores a las bases máximas. Nada de todo esto tendrá reflejo alguno en la pensión del autónomo.
Así, llegamos a este planteamiento de la ministra para el período 2026-2029 y que supondrá otro sablazo al bolsillo de todos los autónomos.
Al Gobierno no le gustamos. Nos pone cada vez más palos en las ruedas. Y, como consecuencia inevitable, el peso del empleo autónomo en la economía va menguando, pese a que somos más numéricamente, pero con una enorme rotación y con mucha menos duración media de las actividades.
La cosa no pinta bien.
Autor
Francisco J. Pérez Bello Presidente de la Federación de Autónomos de Galicia
«Medida recaudatoria disfrazada»
Cotizar sí, asfixiar no
El Gobierno quiere subir otra vez las cuotas de los autónomos entre el 2026 y el 2028. Lo presenta como un paso hacia la «equiparación con los asalariados» y la «mejora de las prestaciones». En realidad, es una medida recaudatoria disfrazada de justicia contributiva. La idea de cotizar por ingresos reales es razonable; el problema está en el ritmo, el diseño y el momento.
Las cuotas no viven en el vacío. Suben con el SMI —porque arrastra las bases—, conviven con el MEI (mecanismo de equidad intergeneracional) y con una inflación regulatoria que encarece tiempo y cumplimiento. Para una microempresa, cada pequeño retoque es otra piedra en la mochila: alquiler, energía, TPV, seguros, licencias… y ahora cuotas. La suma de pequeños costes no es pequeña: es inviable. Y eso sin olvidar que «equipararse al asalariado» suena justo, pero autónomos y asalariados no asumen el mismo riesgo. El asalariado cobra a fin de mes; el autónomo factura cuando puede, cobra cuando le pagan y cotiza siempre. La igualdad bien entendida se llama equidad: tratar distinto lo que es distinto.
Dicen que la subida es «suave», pero para quien vive al céntimo nada es simbólico. En los tramos altos, el salto es brusco y acumulativo: se castiga a quien despega y se desincentiva crecer. Se promete mejor protección, pero el cese de actividad sigue siendo difícil de obtener. Si el Estado quiere legitimidad, que empiece por lo obvio: acceso rápido, homogéneo y garantista a la protección. Primero cumple, luego cobra. Y sí, el sistema se pactó en el 2022, pero el contexto ha cambiado: crédito que no llega, costes que no retroceden. Aplicar el plan sin mirar el ciclo es gobernar en piloto automático.
Un Gobierno que entendiese a las empresas escalaría con suavizadores: la progresividad no exige prisa. Incorporaría un tramo protector real por debajo del SMI, para ingresos inestables, artistas o nuevos autónomos, con bonificaciones ligadas a formación y formalización. Protección a cambio de cumplimiento. Aseguraría una protección que funcione antes de recaudar más, con un cese de actividad ágil y resolución en 30 días. Si el Estado cobra puntual, que pague puntual. La prioridad debería ser la productividad, no la recaudación. Subir cuotas no genera ingresos; los genera eliminar trabas, agilizar licencias, cobrar a tiempo y digitalizar sin burocracia. Y, sobre todo, hace falta evaluar y corregir: memoria de impacto obligatoria, revisión anual y datos abiertos. Si el plan rompe más sillas que las que arregla, se cambia.
Defender a los autónomos no es oponerse al Estado ni a las pensiones. Es evitar que el afán recaudatorio de corto plazo destroce la base fiscal del largo. Porque cuando cierran diez Milagros, cinco Juanes y tres Pepes se evaporan cotizaciones, IVA, IRPF, empleo y barrio. La política pública madura entiende ese multiplicador. Entre un sablazo y una prórroga eterna hay una vía adulta: gradualismo inteligente, protección creíble y obsesión por la productividad. Subir por subir no es política: es contabilidad desacoplada de la realidad.
Autor
María Bastida Profesora de Organización de Empresas en la Universidade de Santiago de Compostela
Comentarios