Un editorial de La Voz de Galicia alertaba del grave problema, percibido como el primero en las preocupaciones de gallegos y españoles menores de 45 años. Era la vivienda. Ese análisis editorial también situaba las responsabilidades entre las tres administraciones. Desde la perspectiva política, las competencias en vivienda han sido una de las más reiteradas reivindicaciones de las autonomías ante el Tribunal Constitucional, al considerar que sucesivas leyes del Estado, hasta hace un instante, invadían sus competencias. La sentencia de 1997 confirmaba que tal competencia era propia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La ley del suelo de Aznar de 1998, para paliar esa sentencia, solo fue una contribución menor a la burbuja inmobiliaria liberalizando suelo. La otra gran contribución fue la participación de las entidades financieras con exceso de créditos temerarios. Y del gran bum inmobiliario y su actividad especulativa, a la gran crisis bancaria y económica. Y, consecuentemente, a la paralización de la construcción de viviendas y la entrada de fondos de inversión en el negocio inmobiliario. Y en ello estamos.
La vivienda es un problema de España, pero no todas las comunidades la gestionan y padecen de igual manera. Tiene en ello mucho que ver la singularidad propia y sus políticas. Así, el País Vasco, con su ley del 2015 (aprobada con el voto en contra de PNV y PP), reconoce el «derecho subjetivo a la vivienda» y logra controlar en mayor medida que otras comunidades una situación que en Cataluña —a pesar de su ley del 2007—, o en Madrid y la Comunidad Valenciana, se ha hecho critica.
Uno puede pasmar ante los gráficos de las viviendas de protección oficial construidas desde el año 2000. Luego del bum inmobiliario (2002-2008) con 600.000 viviendas anuales construidas, el porcentaje de VPO era apenas del 7 %. Veinte años antes, entre 1981 y 1997 —con 200.000 viviendas anuales construidas—, el 67 % eran protegidas. Y ya en el 2019, con menos de 70.000 viviendas anuales, las protegidas no llegaban al 8 %. De Galicia ni les hablo, tienen ustedes las estadísticas: entre 1992 y el 2012: más de 1.500 VPO al año. Desde entonces, menos de 200, algunos años ni 10. Uno no espera que alcancemos a «Viena la roja», con sus políticas socialdemócratas de vivienda desde 1919, pero… sí políticas, acuerdos y reformas que, por afán de simplificar, no desprotejan el mercado como sucedió desde 1998 en adelante.
Y en esta dramática situación, la confrontación política. Donde se entiende mal la falta de acuerdos en todas direcciones sobre la ley de vivienda del 2023, respuesta con sus luces y sus sombras a la crisis del acceso a la vivienda. Pero sobre todo en la tramitación de la ley del suelo, marzo del 2024, retirada del Congreso ante el no de socios y contrarios. Al parecer no leyeron, ni vieron, El pisito, de Rafael Azcona, y para ellos El 47 es apenas una epopeya de charnegos, o maquetos o gallegos, y el chabolismo, en 1978. Sí, la Constitución.