El mercado inmobiliario en España está totalmente colapsado y en especial, lo que corresponde al parque de viviendas en alquiler.
Estudios actuales indican que de este parque de viviendas en alquiler existente en España, los propietarios han retirado más de doscientas cincuenta mil viviendas, y gran culpa de ello es como consecuencia de la actual ley de vivienda ya que el Gobierno, lejos de reformar la ley de la vivienda, sigue obstinado en mantener una norma que lo único que hace es perjudicar a los ciudadanos, tanto a inquilinos como a propietarios.
Existe una obsesión por los grandes tenedores, cuando el 80 por ciento del parque de vivienda de alquiler está en manos de pequeños propietarios, que, en su mayoría, el alquiler que ingresan por esas segundas viviendas, se destina a complementar los ingresos de la unidad familiar.
Esos propietarios lo único que buscan es una seguridad jurídica de que van a cobrar sus rentas y en caso de que se produzcan impagos, puedan desahuciar a los inquilinos. En el marco jurídico actual, propiciado por las disposiciones finales de la ley, esto no ocurre. Así, a día de hoy, en caso de impago de la renta, un propietario, para poder presentar una demanda de desahucio por falta de pago, ha de incurrir en un gasto en el Registro de la Propiedad para justificar que no es gran tenedor. Después, los procedimientos se retrasan como consecuencia de que ha de haber un informe de los servicios sociales sobre la posible vulnerabilidad económica del inquilino, si hay menores en la vivienda, etcétera.
La consecuencia es que si un inquilino no paga la renta, el propietario tiene que aguantarlo en la vivienda soportando todos los gastos de la misma, como son la luz y el agua, sin poder cortar ninguno de estos servicios porque estaría incurriendo en un delito de coacciones, con los graves perjuicios que ello conllevaría.
Otro punto controvertido en la ley sigue siendo los beneficios fiscales que anuncia. Cuando se promulgó la LAU de 1994, se prometieron beneficios fiscales para aquellos propietarios que no pudiesen actualizar las rentas como consecuencia de los bajos ingresos de los inquilinos. A día de hoy, ningún beneficio se les ha dado. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar a los propietarios que en caso de impago, podrán echar a los inquilinos en un plazo razonable. Mientras esto no se haga, los propietarios seguirán reticentes a poner sus viviendas en alquiler. Y la consecuencia de ello es que al no haber viviendas, las pocas que salen al mercado, lo hacen a unos precios desorbitados, por no haber oferta, pero sí mucha demanda de vivienda.
También podría ayudar económicamente a los inquilinos con subvenciones para el pago del alquiler, avales del Estado o cualquier otra medida que facilite el acceso a la vivienda.
Si el Gobierno diese seguridad jurídica a los propietarios, serían muchas más las viviendas que se pondrían en alquiler, y como consecuencia de ello, los precios bajarían.
A día de hoy, y con el fin de esquivar la ley de vivienda, lo que hacen la mayoría de propietarios son alquileres de temporada, que no están sujetos a la LAU y sí al Código Civil. En los despachos los vemos prácticamente a diario, con pocas garantías para los inquilinos, y donde finalizado el plazo, o bien se hace otro nuevo contrato de temporada o se echa al inquilino a la calle.
Esquivan así los cinco años mínimos de alquiler si el arrendador es persona física, o siete años, en caso de personas jurídicas. Y además, no afectaría la vulnerabilidad del inquilino, ya que es solamente en caso de falta de pago, pero no así en las demandas por expiración del plazo.
De todo ello, en mi modesta opinión, lo que tendría que hacer el Gobierno, además de construir viviendas de protección oficial, es modificar la ley de vivienda en el sentido de dar seguridad jurídica a los propietarios, y de esa forma, conseguir que estos pongan más viviendas en régimen de alquiler en el mercado, lo que conllevará la bajada de las rentas al subir la oferta.