La única manera de revertir el problema del alquiler no es actuando en los precios, sino en la oferta. Y es que la sistemática destrucción de la oferta disponible únicamente va seguir tensionado los precios al alza. La Ley de Vivienda que entró en vigor en 2023 contiene multitud de normativas que están creando polémica, preocupación, e inseguridad jurídica. Ya es mas que constatable que estas medidas están reduciendo drásticamente la oferta en el mercado de alquiler. Tanto es así que está en mínimos históricos, en Galicia y en el conjunto de España, y con los precios en máximos.
Este es un de los nocivos efectos colaterales de una ley que ya puede considerarse un fiasco y que debería haber sido la primera de nuestra democracia que actualice y agrupase las muchas y diversas normativas en el ámbito de la vivienda y el urbanismo.
En Galicia, la bolsa de viviendas el circuito de comercialización en arrendamiento fluctúa entre las 2.500 y 3.000 viviendas. Todo ello, con más de 25.000 viviendas registradas como turísticas. Y subiendo. Porque se estima que en el 2025, entre un 12 y un 15 % de las viviendas cuyos contratos finalicen, serán derivadas por sus propietarios al mercado de compraventa, destinadas a uso turístico, o directamente las dejarán desocupadas, ante la constatable inseguridad jurídica. Esa tremenda inseguridad y recelo está reduciendo la oferta de viviendas en alquiler provocando un grave problema para los más jóvenes y las familias vulnerables principalmente. Justo el efecto contrario de lo que el Gobierno decía y profetizaba que ocurriría con la llegada de esta ley.
La única forma de que los precios disminuyan es hacer crecer la oferta. Posibles soluciones: seguridad jurídica en el mercado del alquiler; liberalización del suelo para reducir costes y que la accesibilidad a la vivienda libre fluya, con lo que es imprescindible una modificación de la ley del suelo actual para abaratar el coste de la vivienda; desburocratización de la legislación urbanística para corregir los cuellos de botella administrativos con la creación de ventanillas únicas para reducir los trámites (total digitalización de estos y reducción de tiempos y plazos para todo tipo de licencias municipales);, bajada de impuestos e iniciativas fiscales de cara a los propietarios, como por ejemplo una deducción del 100 % en el IRPF y en el IBI a aquellos que alquilen sus viviendas a un precio por debajo de mercado.