Al hilo de la convocatoria de reunión del presidente Rueda en Moncloa parece que cunde el nerviosismo ante la claridad con que marca sus prioridades, surgiendo una serie de presuntas controversias en línea con la política de despiste para disimular la traición a los intereses gallegos que supone el cambio de planteamiento de la financiación autonómica y el reconocimiento del nuevo fuero catalán.
En esta línea ahora está de moda la condonación, ante la que creo importante aclarar algunos temas.
Qué es la condonación de deuda y cuáles son sus efectos:
1.- Es una simple compensación de deuda, a través de esta medida, la deuda de una comunidad autónoma pasa a ser la deuda del Tesoro de España.
2.- No supone un incremento de la capacidad de gasto para la comunidad que se beneficia de la quita de deuda; únicamente es una operación financiera, por tanto, el resultado es una disminución de su volumen de deuda.
3.- Por el contrario, sí supone un ahorro en la carga financiera, al aplicarse los intereses sobre un menor principal.
El acuerdo firmado entre el PSOE y ERC supone mutualizar la deuda de Cataluña entre todas las restantes comunidades, y no soluciona su problema de financiación, ya que su elevado nivel de endeudamiento hace que siga sin poder salir a mercado a colocar deuda aún después de la condonación.
Como la deuda no desaparece hasta que se paga, la quita autonómica pasa a engrosar la deuda del Tesoro de España y, por tanto, la alícuota de deuda de todos los españoles crece con esta operación.
Si esta compensación se generaliza —como también prevé el antecitado acuerdo «mediante una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas»—, los habitantes perjudicados serán los de los territorios menos endeudados, que en términos netos pasan a deber más, ya que la deuda global no aumenta.
Por ejemplo, de aplicarse a Galicia y al resto de comunidades esta condonación, cada gallego debería un 20 % menos de deuda autonómica (922 euros), pero su alícuota de deuda española subiría en 1.417 euros. El efecto neto es de un aumento de deuda por la puerta de atrás de 495 euros para cada gallego.
El efecto contrario ocurre en Cataluña, donde cada ciudadano ve reducida su deuda autonómica en 2.239 euros y la alícuota estatal aumenta igual que para todos los españoles en 1.417 euros. El neto es una disminución de 822 euros.
En efecto, cada gallego incrementa su deuda en 495 euros con esta operación que algunos venden como ¡oportunidad única!
¿Dónde está la rebaja de hipoteca a que aluden algunos? Yo solo constato más deuda para cada gallego. Igual piensan que, como es del Tesoro, no hay que devolverla si no te sientes español… Yo por ahora sigo teniendo que pagar mi hipoteca todos los meses aunque no sea socio de mi banco.
¿Cuál es la posición de Galicia frente a la condonación de la deuda? Nuestra autonomía es solidaria y cooperativa y comparte la necesidad de que todas las comunidades puedan financiarse en el mercado, pero negociando entre todas las medidas necesarias para que esto sea posible; no imponiéndolas por la puerta de atrás y en base a unos intereses que no coinciden con los nuestros.
Por eso, Galicia solo puede oponerse a una negociación bilateral de la condonación de deuda en las condiciones anunciadas, ya que al final afecta a la deuda de todos los españoles. Su diseño debe responder a los intereses de todos los territorios. Lo que sabemos hasta ahora sobre el asunto es que se plantea una reducción de un porcentaje de deuda (del FLA o no, ya veremos). Este no es un sistema de compensación equitativo, y, por tanto, es perjudicial para los intereses de Galicia.
Esta no es una prioridad para el Gobierno gallego, que ha sabido mantener una senda de sostenibilidad financiera todos estos años. En efecto, nuestra deuda tuvo que aumentar en lo peor de la crisis, pero lo hizo de forma moderada y en menor cuantía que el resto de las comunidades autónomas. Ahora mismo, cada gallego debe 2.473 euros menos por su deuda autonómica que la media del resto de habitantes en territorios de régimen común.
La auténtica prioridad para Galicia es conseguir que la reforma que se acometa fortalezca un sistema de financiación autonómico suficiente en recursos y que reparta equitativamente los mismos, siempre teniendo en cuenta el diferente coste de prestación de los servicios públicos y necesidades de cada autonomía. El sistema actual presenta, en el caso de Galicia, al menos un déficit de más de 600 millones de euros por la incorrecta valoración de los costes de envejecimiento y dispersión de la población. Una quita que no incremente la capacidad de gasto no solucionaría el déficit de financiación.