Tengo un enorme respeto por los médicos de familia. La atención primaria es la clave de un sistema sanitario eficiente. Dentro de la asistencia, un factor conocido desde hace años es la llamada «longitudinalidad», que es la relación estable y mantenida en el tiempo entre el mismo médico y sus pacientes.
La longitudinalidad facilita el reconocimiento precoz de los problemas de salud; evita el sobrediagnóstico, la medicalización, la sobreexposición a pruebas y tratamientos innecesarios; disminuye las derivaciones a los especialistas del segundo nivel, reduce las visitas a los servicios de urgencias, los ingresos hospitalarios y la mortalidad (hasta en un 30 %) y mejora la esperanza y la calidad de vida, especialmente en las personas mayores. Para eso, como es lógico, los profesionales deben tener estabilidad laboral.
Una editorial de la revista Atención Primaria, que es el órgano de expresión oficial de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, aborda de una manera descarnada —desde un punto de vista estrictamente técnico, profesional y despolitizado— las necesidades de dicha especialidad para resolver los problemas que la acucian. Es frustrante y demencial ver cómo, al igual que en otros muchos asuntos, las opiniones de ilustres iletrados en el campo en cuestión se vean reproducidas en medios de comunicación y redes sociales, casi siempre en busca de un dardo con el que zaherir al adversario político, sin escuchar lo que los verdaderos expertos tienen que decir. Pero lo cierto es que los problemas de la medicina de familia tienen que ver con elementos muy bien identificados y que se originaron, paradójicamente, en el éxito inicial del modelo español, que llevó a que nuestro sistema fuera considerado el mejor del mundo y, muy probablemente, muriera así de éxito, porque ni políticos, ni sindicatos, ni muchos profesionales, ni la universidad se han atrevido a proponer cambios reales. Y así, todo ha ido cambiando en apariencia, para seguir igual en realidad.
Se definen en el estudio varios problemas que deben resolverse, pero que nadie se atreve a afrontar, so pena de ser considerado extremista (de uno u otro extremo, da igual) o de «querer desmontar la atención primaria», acusación fácil y tal vez letal en unas elecciones. Casi todos han sido comunes a diversos países de nuestro entorno. Unos lo han ido resolviendo y otros ven cómo su sistema sanitario se desmorona, tal cual ocurre en el Reino Unido. No son problemas exclusivamente de presupuestos —que también—, sino más bien de saber qué es lo que hay que hacer y de tener la firme decisión de hacerlo, aunque la transición de un modelo a otro pueda resultar dolorosa. Alguno de los problemas podría tener una solución más o menos sencilla, como el incluir la presencia de la medicina de familia en los estudios universitarios de medicina, como ocurre en la casi totalidad de los países de la OCDE. Otros, seguro que son más difíciles de modificar, por las enormes reticencias que se pueden adivinar en el horizonte. Estas casi siempre son de índole política, pero también tienen que ver con la dificultad de convencer a los profesionales de salir de su área de confort. Tienen que ver, como se dice en ese editorial, con «una especie en vías de extinción en el resto del mundo: un modelo funcionarial de relación laboral… Un modelo donde una vez accedido al sistema nadie exigirá tu certificación periódica (algo inaudito en Europa). En la mayor parte de los países de la OCDE los médicos de familia o generales son profesionales independientes o asalariados no funcionariales, con autonomía para organizar su propia actividad. El modelo funcionarial español vende seguridad para toda la vida a cambio de sumisión al poder, sea este el que sea… Ni sindicatos, ni colegios ni los propios partidos políticos están interesados en cambiar este vetusto statu quo». Otro problema difícil de solucionar es el que tiene que ver con la incapacidad en todos estos años de haber construido entornos y proyectos de trabajo suficientemente atractivos para atraer talento sanitario: por mucha vocación que pueda existir inicialmente, cuando ni las retribuciones, ni las condiciones de trabajo, ni las posibilidades de desarrollo profesional son suficientemente atractivas, es inevitable que al cabo del tiempo los que están quieran marcharse y los que deberían llegar escapen de ese destino.
Este no es un problema de una comunidad autónoma. Es un problema nacional. Pero a lo peor le pasa como al dinero público, que no es de nadie.