Una de las muchas ventajas de ser padre de familia numerosa es la cantidad de experiencias que aporta el día a día. Desde hace más o menos un año, el miembro más pequeño de la familia decidió llamar «señoría» a todo aquel con el que se cruza, desde el policía local al barrendero y hasta algún senador, muy gratamente sorprendido por el hecho de que un niño tan pequeño fuera capaz de reconocerlo y acertar con el tratamiento. Es un gesto democrático, a todos por igual. En estos días de agosto, en pleno puente festivo, amanecemos con la publicación de acuerdos por los que un órgano parlamentario decide que no está sujeto a control por el órgano independiente previsto en el Estatuto de Autonomía. Y que conste que no se habla de la actividad legislativa, sino de los gastos administrativos y del uso de fondos públicos, al igual que sucede con las 359 entidades locales de Galicia, la Administración autonómica, las cofradías de pescadores o los partidos políticos. Noticia llamativa, por varios motivos.
El primero, básico, es que se trata de un mandato impuesto por el propio Parlamento, que cuando se inician los trabajos para cumplirlo la respuesta es rotunda: la declaración de la inmunidad al control. El segundo porque, de forma curiosa, el acuerdo se olvida de la experiencia de la Cámara de Comptos de Navarra, que hace un mes acaba de publicar el enésimo Informe sobre las Cuentas Anuales del Parlamento de Navarra, 2023 —donde se incluyen recomendaciones como la de formalizar convenios entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos, y los servicios prestados por estos a los grupos—; de la Sindicatura de Comptes de Valencia, que también recientemente acaba de publicar sin afectación visible al «bloque de la constitucionalidad» el Informe sobre la Cuenta general de las Corts Valencianes, o del propio Tribunal de Cuentas Europeo, que año tras año fiscaliza los gastos administrativos tanto del Parlamento Europeo como del Defensor del Pueblo Europeo.
No parecen estas, aunque se intuyan más ligeras publicándolas en pleno puente festivo de agosto, buenas noticias para el fomento de una auténtica cultura de integridad pública y consolidar logros de los que debiéramos estar tan orgullosos como sociedad —y de lo que tan deudores somos del trabajo de gigantes como Xoaquín Álvarez Corbacho—, como que la totalidad de los ayuntamientos de Galicia rindan cuentas al Consello de Contas.
Decía Rosanvallon que los miembros de los órganos independientes están sujetos a un «deber de ingratitud» con quienes los designan. Esperemos que esta ingratitud sirva para rectificar errores y no hagamos buena la máxima de Sartre «el infierno son los demás» y seamos todos señorías. Iguales.