Hace dos días, el ministro del Interior salía con celeridad a denunciar un acuerdo de formación entre el SUP y una empresa privada, anunciando la apertura de una información reservada, la intención de anular el convenio, la suspensión de las subvenciones públicas por la pérdida de los valores democráticos y no sé cuántas cosas más, en un ataque contra la libertad sindical. No se pueden dar lecciones de moralidad tras ser cómplice de pactos con los que otrora volaron cuarteles y acabaron con la vida de decenas de policías y guardias civiles y quienes siguen profesando un odio irracional contra los integrantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Mientras tanto, ayer asistíamos en vivo y en directo a la mayor humillación de la seguridad pública en este país y el ministro ni está, ni se le espera.
Haciendo un recorrido por todas esas tertulias y medios sincronizados que han criticado, sin mesura, al SUP durante la última semana, no encontramos un solo mensaje en contra de los responsables del esperpento vivido en la jornada de ayer. Este es el sectarismo autoritario, sincronizado y subvencionado que día a día nos dice lo que debemos ver, hacer, decir o escuchar. De tal despropósito tendrían que dar explicaciones el ministro del Interior, la ministra de Defensa (CNI) y los responsables de Interior de Cataluña.
No nos confundamos, aquí no solo se ha mancillado la reputación de los Mossos. No hay una sola institución responsable de lo ocurrido. La omisión ha sido conjunta y en connivencia y el señor Marlaska tiene una cuota importante de dolo, como también la tiene al tener paralizadas, desde el mes de enero, las supuestas mesas de negociación, sin participación de los representantes de los agentes para alcanzar la declaración, como profesión de riesgo, de Policía Nacional y Guardia Civil, que derive en una jubilación digna que alcance a todos los integrantes de ambos cuerpos. Mientras Interior despeja balones, provocando que el principio de autoridad se vaya erosionando cada día un poco más y la falta de seguridad jurídica amenace la eficacia policial, los Mossos son de nuevo los servidores públicos privilegiados, quienes, como consecuencia de los acuerdos de investidura, resultan agasajados con cientos de millones. En este escenario, los integrantes de los cuerpos de seguridad estatales cuentan sus avances por migajas, en horas extras, asistencia a juicios, pagas extras y, sobre todo, en las condiciones de jubilación.
El 1 de octubre del 2018 se visibilizó, gracias a Puigdemont, la gran injusticia salarial entre el Cuerpo de Seguridad autonómico en Cataluña y la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se corrigió parcialmente gracias al acuerdo de equiparación, suscrito en marzo de 2018 y no completado por la falta voluntad del Gobierno. Hoy se plasma, de nuevo, el peligro del independentismo en las fuerzas y cuerpos de seguridad y la discriminación existente, en materia de jubilación, entre Mossos, Policía y Guardia Civil. Esperamos que la aparición de Puigdemont en el escenario pueda ser el detonante para corregir tal disfunción.