El Gobierno desoye a pymes y autónomos
OPINIÓN
La discusión sobre la reducción de la jornada laboral es compleja y multifacética, y ha de tener en cuenta sus circunstancias: un tejido empresarial constituido mayoritariamente por pymes y micropymes, un número muy importante de vacantes no cubiertas, un absentismo laboral por incapacidad temporal —contingencia común en continua escalada— y una necesidad de mejorar la productividad en los diferentes sectores productivos.
En Galicia, con una economía diversa que depende en gran medida de las pymes y el trabajo autónomo, esta medida, de implantarse sin los necesarios equilibrios, tendría un impacto significativo, especialmente en la productividad.
Para muchos autónomos y pymes, el principal reto es mantener o incluso aumentar la productividad así como atraer personas trabajadoras. La realidad para muchos pequeños negocios es que cada hora cuenta. Desde la CEG ya advertimos que en muchos sectores, como hostelería, comercio y servicios, donde la atención al cliente y la disponibilidad son cruciales, la jornada de trabajo es clave para mantener la capacidad para atender a los clientes y, en consecuencia, evitar una disminución en los ingresos. De lo contrario, los costes adicionales asociados a la contratación de personal podrían ser prohibitivos. En Galicia, donde la densidad de pymes es alta, esto podría traducirse en una presión financiera significativa y en que las empresas vean afectada su capacidad para competir.
También hemos indicado que afectaría nuevamente a las empresas cuyo terreno de juego es la licitación pública, que no podrían llevar los incrementos de costes mediante la revisión de precios, al estar imposibilitada por la normativa de contratación del sector público, abocándolas a una situación problemática, más dentro de un escenario de ralentización económica.
Cepyme estima que la reducción no negociada del tiempo de trabajo manteniendo las remuneraciones en sus niveles actuales conllevaría un mínimo coste directo de 11.800 millones. Un coste de 11.800 millones por las horas de trabajo que se dejarían de trabajar, pero que se continuaría remunerando, y habría que sumar 30.600 millones, que supone el valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo.
El debate debiera centrarse en cómo mejorar la productividad para incrementar la eficiencia, no solo a través de medidas que impulsen tecnologías facilitadoras y medidas de I+D+i, sino también de mejora de la cualificación de las personas, de flexibilidad interna, de mejora en la distribución irregular de jornada, de reducción de los indicadores de absentismo y horas de trabajo perdidas, entre otras. En definitiva, de medidas que apoyen la consecución de mayores márgenes de productividad en un deseable equilibrio entre las expectativas de los trabajadores y las necesidades de competitividad de la empresa.
Teniendo en cuenta que este análisis se debe hacer sin postergar y teniendo en cuenta nuestra negociación colectiva y el principio de autonomía de la misma como un elemento fundamental de nuestro marco de relaciones laborales. Una negociación colectiva en la que se vienen estableciendo mejoras para cada parte en ese necesario equilibrio. Es esencial que cualquier medida se diseñe con el consenso del diálogo, sobre una comprensión profunda de las necesidades del tejido productivo.