Hace solo un año de aquellas declaraciones tan repetidas y enfáticas de Pedro Sánchez y sus ministros en la campaña de las elecciones del 23-J: amnistía para el independentismo, jamás. Imposible, no está contemplado en la Constitución. Luego pasó lo que pasó: el PSOE perdió las elecciones y los siete votos de Puigdemont se hicieron indispensables para poder seguir en la Moncloa gracias al modelo Frankenstein.
Aquella deserción flagrante de la verdad abrió una escalada de agresiones contra el Estado de derecho por parte del Gobierno que ha desembocado en un paisaje desolador: el paisaje de la degradación sistemática de las instituciones. El bloque Frankenstein ha posibilitado a un Gobierno que no gobierna nada —excepto aquello que le permiten sus socios— pactar una ley de impunidad, que llaman de amnistía, con sus beneficiarios; en el proceso, ha desoído la voluntad popular y ha despreciado e insultado a la inmensa mayoría de los representantes del Poder Judicial, para acabar desencadenando una guerra abierta contra estos representantes, que defienden la separación de poderes.
En este nuevo conflicto, que el Gobierno que no gobierna necesita alimentar para dividir con un muro a la sociedad tras haberla enfrentado —y tratar de difuminar los escándalos de corrupción del caso Koldo o las sospechas de tráfico de influencias de Begoña Gómez, entre otras cosas—, no hay día sin carga de profundidad contra la estabilidad democrática.
Las últimas maniobras tienen en el centro al fiscal general del Estado, que está en una posición insólita, la del ministro número 23 del Gabinete. Este nuevo ministro, punta de lanza en la ofensiva autocrática y populista contra la Justicia, ha ordenado a los cuatro fiscales del procés que amnistíen a los líderes independentistas por todos sus delitos, malversación incluida, pero los fiscales califican la orden de improcedente y se niegan. Ya hubo una primera etapa en la que se colonizó el Tribunal Constitucional; ahora estamos en la fase del chantaje para tratar de legitimar el golpe contra la independencia judicial, falsificando incluso la letra del artículo 1 de la Constitución sobre la soberanía nacional.
Al tiempo, en este espectáculo de liquidación ocupa un lugar destacado la oferta de financiación especial para Cataluña, que ha puesto en pie a las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha; un tratamiento de desigualdad que, para colmo, se le queda corto a Esquerra Republicana. Abierto está también el frente de amenaza a la prensa, en el que el Gobierno manipula a sabiendas la norma europea que protege la libertad de expresión y trata de intimidar a periodistas y medios de comunicación.
A los que llevamos un tiempo en Europa no nos resultan nuevos estos procedimientos: hemos contemplado maniobras muy similares en la Polonia del PiS (Ley y Justicia), que fueron frenadas gracias al papel decisivo de la UE. Celebramos que se haya abierto allí una nueva etapa moderada y liberal tras ocho años de autocracia y ataques contra las instituciones y la judicatura.
En Europa no solo están las últimas líneas de defensa del Estado de derecho. También están las políticas que nos interesan, en las que nos jugamos el bienestar y el crecimiento.
Desde aquí miramos con especial atención todo lo que tiene que ver con el sector primario. Galicia es una región con múltiples conexiones con la Unión Europea, debido a su singularidad. Para que esas conexiones siempre funcionen en defensa de nuestros intereses, necesitamos una representación europea con posturas coherentes y responsables. ¡También hace falta sentidiño en la defensa de los intereses gallegos en Europa!
No estoy hablando en el aire, me refiero a asuntos concretos. Defender a Galicia significa que en todas las áreas relacionadas con ese sector primario —desde el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático hasta la protección de la biodiversidad y el paisaje— solo se podrá actuar con el sector al lado, nunca en contra. Y tengo que decirlo, porque he visto ejemplos contrarios en la legislatura europea que está finalizando ahora.
La fórmula para dar esas garantías a nuestro sector primario pasa por la defensa de unos puntos muy concretos: por ejemplo, que sea más sencillo acceder a los fondos europeos de ayuda, porque la burocracia —las burocracias— dificultan enormemente la tarea; por ejemplo, que se entierre el hacha de guerra que se ha enarbolado en tantas ocasiones contra agricultores, ganaderos y pescadores. Que se estudien y se comprendan sus reivindicaciones, que se les proteja de la competencia desleal y que no se les impongan medidas de laboratorio que no tienen nada que ver con la realidad.
Este es, en definitiva, el gran reto de la nueva legislatura europea: no dejarnos distraer por el ruido de la maquinaria politiquera que pone en peligro el Estado de derecho, y que Galicia tenga una voz firme en la defensa de sus intereses. Una voz reconocida y reconocible en las instituciones europeas.