Se puede estar de acuerdo o no con la ley de amnistía. Puede incluso considerarse una venta inmoral, por siete votos, de la gobernación de España. Y rechazar no solo aquel 1 de octubre, sino la insensatez de los líderes independentistas ahora, incluido Puigdemont. Cuesta, sin embargo, permanecer impasible ante las actitudes públicas de jueces, magistrados y fiscales, primero ante el título de una anunciada y desconocida ley, y ahora mostrándose renuentes algunos a cumplirla. Si bien mayor asombro provocaría una objeción de conciencia, tan socorrida en otras leyes y por otros profesionales. Para dar luz en tales enredos repaso El Derecho y el Revés, donde dos juristas de mi agrado mantienen su diálogo inteligente sobre leyes, abogados y jueces. A pesar de todo.
El anuncio, adelantado por Díaz Ayuso, de presentar recurso al Tribunal Constitucional por la ley de amnistía, haciéndolo concordar con el de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP o por la coalición de PP y Vox, secundado por el presidente Rueda y al que se ha asomado el socialista Page, no es inocuo ni inocente en el debate político actual.
Por una parte, tal concordancia acerca las posiciones de estos gobiernos, sobre todo los del PP y Vox, a una cierta concepción federal de sus organizaciones y de las comunidades autónomas gobernadas. De ahí la interpretación —a mi modo de ver incorrecta—, que pretende que el adelanto de Ayuso significa un levantamiento frente a Feijoo y la dirección de su partido. Me inclino sin embargo a que tal estrategia se asienta en el argumento esgrimido contra la amnistía, el de la desigualdad. Algo parejo a las ABAU, un jardín de siglas unitarias populares.
Y es precisamente en esa desigualdad donde se sostiene el recurso autonómico federado al Constitucional, si su admisión fuera procedente. Desigualdad ignorada en la amnistía financiera de Rajoy en el 2012, en la desigualdad fiscal implantada en muchas de estas comunidades recurrentes, y en los «Estados de bienestar» múltiples, tan desiguales ellos, o en el documentado efecto capitalidad. Desigualdad que, sin embargo, se torna en argumento medular cuando se formulan esos recursos federados entre comunidades autónomas. Cuando para tal recurso ante la ley de amnistía sí es competente, legítimo y esperable, el Partido Popular de Feijoo y sus parlamentarios, con el apoyo simbólico, pero no imprescindible ni competente por sí, de su coaligado, el Vox de Abascal. Si bien ese recurso no sería útil para uno de los juegos políticos imprudentes que se pueden dar en España: la confrontación entre territorios. Con un argumento impropio: la desigualdad. Que si de hecho existe, ya desde tiempos de Don Jorgito el inglés, no tiene causa en la amnistía, sino por intereses y razones más profundas que al parecer nadie está dispuesto a resolver. De ahí el anunciado recurso federado popular de Díaz Ayuso. Una estrategia de insensatez política en la España desigual, a pesar de la Unión Europea.