¿Es adecuada la normativa española en materia de violencia vicaria?
OPINIÓN
Parece que, como sociedad, tenemos claro que la protección de los menores ha de ser uno de los ejes centrales de actuación de los poderes públicos. Sin embargo, al igual que sucede con otros asuntos, cuando decidimos poner el foco sobre una cuestión para analizarla de manera detenida, surgen las dificultades. ¿Queremos proteger a los menores? La respuesta es, a todas luces, afirmativa, pero… ¿de qué manera?, ¿cuál es (o ha de ser) la forma más eficaz para lograrlo?, ¿existe —o se puede pretender que exista— una «fórmula» definitiva? Dar respuesta a estas preguntas no es una tarea sencilla, ni mucho menos. En la actualidad, asistimos a un goteo constante de información sobre casos de violencia vicaria en los que el menor padece violencia a manos de su padre (en ocasiones, con resultado de muerte), con el objetivo de causar perjuicio o daño a la madre. El panorama es desolador, en especial, para los menores y sus madres, que sufren, de manera directa, estas violencias que se traducen en una constante revictimización a la que contribuye el propio sistema. En el año 2021, el legislador, en un claro intento de abordar este fenómeno de manera autónoma, aprobó la LO 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Entre otros muchos aspectos, hay que destacar que esta ley modificó el ámbito de aplicación de la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Así, se incluyó a los menores que sufriesen esa instrumentalización violenta en el amparo de la normativa específica de violencia de género. A pesar de este intento loable por poner solución al problema, lo cierto es que la realidad se impone: estamos en el camino, en el proceso de concienciación social, pero todavía lejos de encontrar una respuesta satisfactoria. Ello me lleva a otra reflexión: ¿podemos afirmar, de manera categórica, que esta normativa ha contribuido a minimizar el problema? Estudios en la materia arrojan respuestas contundentes (Vaccaro, 2021). Aunque no es posible, a día de hoy, hablar de una disminución significativa, sí ha aumentado su visibilización, lo que tiene efectos muy positivos. No obstante, el objetivo es —y ha de ser— abordar el problema. Socialmente, se exigen respuestas cada vez más severas, con un incremento de las penas y la criminalización de un mayor número de comportamientos. No obstante, es evidente que esta propuesta no es satisfactoria. Por lo tanto..., ¿no deberíamos, quizás, cambiar el enfoque?