Calma chicha en la eólica gallega

Carlos Seoane Domínguez SOCIO FUNDADOR DE CCS ABOGADOS

OPINIÓN

María Pedreda

22 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

En el 2023, la Unión Europea marcó un hito ambiental con el Pacto Verde Europeo, cuyos objetivos incluyen la reducción inmediata de emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % para el 2030, la neutralidad energética en el 2050 y la transición inmediata hacia fuentes de energías renovables. Dos regulaciones clave, el Reglamento 2022/2577 y la Directiva 2023/2413, promueven y agilizan la autorización de instalaciones de energías renovables, considerándolas como de «interés público superior» por «contribuir a la salud y seguridad públicas». España is not different y también se sumó a estos compromisos en su Plan Nacional de Energía y Clima 2030.

Sin embargo, Galicia é sitio distinto. Según Greenpeace, en Galicia las renovables cubren el 25,8 % del uso de energía primaria y el 75,2 % proviene de importaciones; la energía eólica garantizaría la autonomía energética de Galicia y es una de las medidas con mayor impacto en la lucha contra la crisis climática en Galicia durante las últimas tres décadas.

Otras asociaciones ecologistas autóctonas defienden que «eólicos sí, pero non así», considerando que las eólicas son «bestas depredadoras do territorio» y que se monten los eólicos en Madrid, desde donde supuestamente se «muxen as ubres» del viento gallego. Por ello, con la pólvora monárquica de la justicia gratuita, han procedido a impugnar en serie ante el TSXG la práctica totalidad de las autorizaciones de instalaciones eólicas concedidas por la Xunta con idénticos cuatro argumentos: ilegalidad de la reducción del plazo de información pública a 15 días, necesidad de disponibilidad de informes sectoriales en el trámite de información pública, fraccionamiento artificioso, generalmente por compartir infraestructuras de evacuación, y afección ambiental, contraponiendo informes de parte frente a declaraciones de impacto ambiental (DIA) aprobadas por la Xunta.

Estos argumentos han sido acogidos por el TSXG, que ha suspendido cautelarmente las autorizaciones y ha procedido también a su anulación, generando una justificada preocupación tanto en la Xunta, que parecía haberse equivocado en todos los procedimientos administrativos, como en los promotores eólicos, ante semejante inseguridad jurídica.

La reciente STS 1768/2023 de 21 de diciembre, relativa al parque eólico Corme, considera legal la reducción del plazo de información pública a 15 días y rechaza que la no disponibilidad de informes sectoriales en dicho trámite sea causa de nulidad. La Ley 10/2023 de la Xunta, en línea con la normativa comunitaria, considera que las instalaciones eólicas deben considerarse «interés público superior» y así deben ser valoradas en los procesos judiciales, cuando se solicite su suspensión o se pida su nulidad. Acota el concepto de fraccionamiento, que no será tal por compartir instalaciones de evacuación, siempre que exista un funcionamiento independiente de cada parque. Y pone en valor el trabajo efectuado por técnicos y funcionarios independientes en la verificación de la compatibilidad ambiental (DIA) frente a meros informes de parte que se utilizaban judicialmente para justificar afecciones ambientales.

Existe ahora expectación de cómo afectarán estos nuevos elementos a las futuras decisiones judiciales que penden sobre los eólicos. The answer, my friend, is blowing in the wind.