Amnistía: no podemos aceptarlo, no como fiscales, sino como ciudadanos
OPINIÓN
La proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña carece de precedentes y supone una quiebra de la Constitución. El texto viene acompañado por la irrupción de un neologismo que ha encajado rápidamente en el lenguaje cotidiano, lawfare o guerra judicial, procedente de la mutación de la expresión inglesa warfare (guerra) para incluir la ley como arma en una confrontación.
Queremos subrayar que el término es engañoso, por ocultar el motivo real de la intervención de fiscales, jueces y fuerzas de seguridad ante actuaciones delictivas de un alto impacto, y por trasladar la culpa de los acontecimientos no a quién los causó, sino a quien asumió la responsabilidad de defender el Estado de derecho y restituir las condiciones que deben permitir una convivencia ordenada de la ciudadanía.
En términos estrictos, la amnistía implica el cese de la aplicación de la ley determinando la impunidad de los delitos. A diferencia del indulto, que perdona el cumplimiento de una pena impuesta, la amnistía elimina el delito y, por tanto, la responsabilidad consecuencia del mismo. Algunos de los delitos que el sistema debe olvidar son pluriofensivos, caso de la malversación, considerada en todos los convenios internacionales como una forma de corrupción. Yo diría que el indulto, mientras que la amnistía.
Para ocultar esta incómoda realidad, se traslada a fiscales, jueces y policías la responsabilidad de la creación de un problema que surge en verdad por la comisión de delitos por parte de distintas personas, algunas de ellas con responsabilidad política. No podemos aceptarlo. No como fiscales, sino como ciudadanos. El relato —que no argumento— socava las reglas de la democracia, reniega de la división de poderes y pone en duda la profesionalidad de quienes acudieron a defender las leyes emanadas por las Cortes Generales.
No es verdad que la Justicia se haya acercado al debate político. La realidad es que un importante conjunto de personas, algunas de ellas en el ejercicio de funciones públicas, han sido conducidas a la justicia por la realización de conductas de distinta significación, en algunos casos graves, por implicar corrupción y graves alteraciones del orden social.
La Unión Europea y el Grupo de Estados contra la corrupción, del Consejo de Europa, han intervenido por la aprobación en el 2019 en Rumanía de una amnistía acompañada con normas restrictivas de la independencia de jueces y fiscales en la persecución de los delitos, por perjudicar las bases de la convivencia constitucional. El precedente no es tan lejano y la situación guarda analogías con la realidad española. La vinculación de la amnistía con la profusión de ataques a la justicia, en un contexto en el que algunos jueces empiezan a ser señalados para provocar la impunidad, debe ponernos en alerta. El Estado social y democrático de derecho se basa en principios como la justicia, la seguridad jurídica, la división de poderes y el imperio de la ley.